La peor herencia del neoliberalismo es la corrupción, afirma ante diputados la secretaria Irma Sandoval

  • La secretaria de la Función Pública responde a preguntas de diputadas y diputados durante su comparecencia ante el Pleno de la Cámara de Diputados, en el marco de la Glosa del Primer Informe de Gobierno.
  • Señala que las compras consolidadas han generado ahorros por más de 150 mil millones de pesos.
  • Este año, el 50% de las auditorías programadas son de desempeño, y para 2020 ese porcentaje aumentará a 60 por ciento.

Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, secretaria de la Función Pública, advirtió hoy ante el Pleno de la Cámara de Diputados que en ningún tema de su competencia la dependencia abdica de su obligación de vigilar a las y los servidores públicos, sobre todo de la administración actual, y ha dado muestras claras de que no hay protección para nadie y, por el contrario, ha redoblado su fiscalización.

Destacó que “la corrupción fue la peor herencia de las últimas décadas, del neoliberalismo, y la Función Pública pone todo su empeño para erradicar ese cáncer que nos lacera”.

Durante la sesión de preguntas y respuestas de su comparecencia ante el Pleno de los diputados por la Glosa del Primer Informe de Gobierno, subrayó que, entre las acciones que lleva a cabo, la Función Pública procesa 12 denuncias en contra de 10 delegados federales de Programas Estatales para el Desarrollo, tanto de esta administración como de la pasada.

En respuesta a los planteamientos legislativos, subrayó, por ejemplo, que la Función Pública brinda acompañamiento a nueve programas sociales del Gobierno federal a través de la Contraloría Social mediante 86 estrategias, acordes con cada proyecto, en particular los de educación, salud y desarrollo social. 

Refirió que actualmente se trabaja en más de 2 mil 400 municipios en la integración de los Comités de Integridad, conformados por más de medio millón de personas que coadyuvan en la vigilancia de obras y servicios.

En otro tema, indicó que, a partir de las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, las adquisiciones públicas son responsabilidad compartida por las secretarías de Hacienda y de la Función Pública. La primera será responsable de las compras gubernamentales y sus sistemas, mientras que Función Pública conserva las facultades de control, inspección y vigilancia.

“Como establece la Constitución, la Función Pública ha vigilado que se garanticen las mejores condiciones técnicas y económicas para el Estado. Las compras han generado ahorros por más de 150 mil millones de pesos por mejores condiciones de precio”, dijo.

Abundó que se ha dicho que los contratos han privilegiado las adquisiciones por adjudicación directa, pero que este dato debe ponerse en contexto pues, si bien 80% de los contratos registrados por la Administración Pública Federal fueron por adjudicación directa, éstos solo representan 40% del monto de los contratos.

Añadió que, por ello, es importante notar que estamos en un proceso de transición hacia un modelo completamente diferente para promover compras consolidadas, y se busca implementar mecanismos competitivos en los procedimientos de contratación, que permitan cumplir con los objetivos constitucionales de mejores condiciones técnicas y económicas.

A pregunta expresa, afirmó que este año las auditorías de desempeño representan 40% del total, y con ellas se evalúa la capacidad de las personas servidoras públicas, por lo que, si alguna no realiza su labor, deberá señalarse y ser sustituida.

Puntualizó, ante otra pregunta, que para evitar la visión burócrata del control, tiene que haber una proactividad en el acompañamiento a los ciudadanos interesados en combatir la simulación y el abuso de poder que es la corrupción, y destacó que, por ello, 50% de las auditorías programadas para este año son de desempeño, porcentaje que en 2020 aumentará a 60% y a 70% en 2021, “porque nos interesa el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo”.

La secretaria Sandoval Ballesteros se comprometió a mantener el combate contra la corrupción y la impunidad, y a seguir impulsando mecanismos de comunicación con la ciudadanía, a través de plataformas tecnológicas y la atención expedita de sus denuncias.