Funcionarios y jueces serán investigados por caso Ayotzinapa

El Gobierno de México, a través de la Comisión Presidencial por la Verdad y la Justicia en el caso de Ayotzinapa, iniciará ante la Fiscalía General de la República (FGR) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) los recursos legales correspondientes para investigar a funcionarios de la Fiscalía, ministerios públicos y jueces, con el objetivo de deslindar responsabilidades por la violación al debido proceso en las indagatorias de la desaparición de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa, que derivaron en la liberación de 53 presuntos delincuentes —uno de ellos acusado de desaparición forzada— y la disolución de 63 pruebas.

Así lo anunció el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, en conferencia de prensa matutina.

Respecto a la liberación de Gildardo López Astudillo, un presunto implicado acusado por el delito de desaparición forzada, el mandatario sostuvo que “debe ameritar una investigación de fondo para avanzar en darle credibilidad a las instituciones, sobre todo las encargadas de impartir justicia”.

“Yo estoy seguro que el fiscal general (Alejandro Gertz Manero) va a intervenir y estoy seguro que va a hacer lo propio el presidente de la Suprema Corte de Justicia, (Arturo Zaldívar) que es al mismo tiempo presidente del Consejo de la Judicatura, porque estas cosas demeritan mucho a las instituciones, estos hechos”, agregó.

Dijo que si se evita la aplicación facciosa de las leyes y la corrupción en el Poder Judicial, así como en los ministerios públicos, “todo esto va a ayudar muchísimo”.

El jefe del Ejecutivo indicó que es necesario emprender una reforma a fondo, tanto en la fiscalía, como en el Poder Judicial con este objetivo.

Afirmó que “cada vez que haya un hecho de estos, lo vamos a tratar, no nos vamos a quedar callados. No es que se lleve a cabo un asunto, salen algunas notas en el periódico y se olvida, y vuelve lo mismo”.

Acusó que las instituciones se degradaron porque imperaba la impunidad, el influyentismo, el nepotismo y la corrupción.

Sin embargo, refrendó su confianza a los titulares, a quienes calificó como personas íntegra que deben limpiar la FGR, el CJF y en general el Poder Judicial.

“Nosotros vamos a estar insistiendo mucho en esto, que tiene que ayudarnos el Poder Judicial como yo espero que lo sigan haciendo. No se puede generalizar de que el Poder Judicial está podrido, no, ni siquiera el caso de la procuraduría, pero sí es como lo que nosotros tenemos acá de aduanas o migración, que estamos limpiando y vamos a seguir limpiando”, enfatizó.

El subsecretario Alejandro Encinas hizo el exhorto a la FGR para que reencause la investigación de la desaparición de los normalistas.

“Tiene que prevalecer la justicia y el interés superior del derecho de las víctimas por encima del de los victimarios”, puntualizó.

Acusó que la PGR de Jesús Murillo Karam y Tomás Zerón, así como el Poder Judicial, “en lugar de garantizar el derecho a la verdad y la justicia de las víctimas, se generó un pacto para favorecer el silencio y la impunidad”.

“Requerimos que la autoridad judicial y la FGR hagan su trabajo, que no permitan impunidad. Pedimos a la Fiscalía subsanar las omisiones”, añadió.

Explicó que la Comisión para el caso Ayotzinapa, seguirá las investigaciones y diligencias; que los puntos de partida son distintos a los determinados en la llamada ‘verdad histórica’.

“No cejaremos en el esfuerzo de esclarecer los hechos. Mantenemos el apoyo a familiares de víctimas de desaparición forzada de todo el país”, subrayó.

Aclaró que los elementos de las Fuerzas Armadas, desde el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, han brindado toda la información solicitada en torno al caso; recordó que el pasado 26 de julio la Comisión que encabeza visitó las instalaciones del 27 Batallón de Infantería de Iguala.

Explicó que las autoridades ministeriales llevaron a cabo una indebida integración de la investigación basada en irregularidades y graves violaciones a la ley.

La supuesta ‘verdad histórica’ —alejada de la realidad—, dijo, se construyó con base en la simulación, la fabricación de pruebas y la tortura, en beneficio de los perpetradores y contra el derecho de las víctimas.

Afirmó que el deslinde de responsabilidades alcanzará a todos los involucrados en el momento en que se acrediten violaciones al debido proceso y la fabricación o sembrado de pruebas en la formulación de la verdad histórica.

Destacó que la Fiscalía inició un procedimiento contra el exprocurador Tomás Zerón por haber actuado indebidamente en todo el proceso del caso Ayotzinapa.

Asimismo, el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, ordenó retirarle escoltas y vehículos, sin embargo, un juez lo ha amparado para mantenerlos.

Expuso que la sentencia absolutoria a uno de los principales perpetradores del delito de desaparición forzada no es el primer caso y podría sentar el precedente para establecer sentencias absolutorias a los demás implicados, lo que fortalece la tendencia de liberación registrada previamente con otros de los detenidos por el caso.

“Habiendo elementos claros y suficientes de los delitos cometidos, la autoridad judicial generó condiciones para que, con una laxa interpretación de la ley, sean retirados los cargos imputados a los detenidos”, abundó.

Al día de hoy solo existen 44 de las 107 pruebas con las que contaba la anterior PGR derivadas de averiguaciones previas; 63 fueron declaradas ilícitas por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito con sede en Reynosa, Tamaulipas, debido a que se acreditaron una serie de violaciones al debido proceso.

Estos actos dieron lugar a la liberación de 53 presuntos delincuentes de las 142 personas detenidas. Con el precedente de la absolución de Gildardo López Astudillo, existen elementos para la liberación de otras 50 personas.