Se tambalea el registro del PRI (OPINIÓN)

Por: John M. Ackerman 

El pasado 10 de enero, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) anunció con bombo y platillo que había descubierto, seis años tarde, una compleja trama utilizada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) para triangular enormes cantidades de recursos ilegales hacia las campañas de 2012. Específicamente, se detectó que una sola empresa fantasma al servicio de la campaña de Enrique Peña Nieto, Logística Estratégica Asismex, manejó libremente la friolera de mil 400 millones de pesos durante aquel proceso electoral sin reportar un solo peso ni a la autoridad electoral ni a las autoridades hacendarias.
Este monto sería adicional a los millones de pesos que ya sabemos se manejaban también por medio de las conocidas tarjetas Monex y Soriana durante el mismo año.
Sin embargo, en lugar de llegar al fondo de esta situación sumamente irregular, los consejeros de repente decidieron frenar su investigación y cerrar el expediente con la aplicación de un par de multas estrictamente simbólicas. De los mil 400 millones de pesos, el INE solamente multó al PRI por no reportar pagos por la cantidad de 16 millones de pesos, recursos entregados cuatro días antes de la elección a personas que estaban formalmente acreditados como representantes de casilla.
El mismo día del pago de los 16 millones, también se realizó una dispersión de otros 47 millones de pesos desde las mismas cuentas, pero a otras personas no formalmente registrados con el INE como representantes del PRI. Cualquier persona en su sano juicio deduciría que estos otros gastos también tendrían que haber sido para fines de la campaña electoral, para comprar votos y movilizar las bases del PRI, aunque no hayan sido depositados directamente en las cuentas de personas formalmente registradas ante el INE como operadores del partido. Pero el INE, al parecer, carece precisamente del juicio necesario y prefirió encubrir e ignorar la realidad.
Los consejeros también tuvieron el cinismo de multar simultáneamente a la Coalición Movimiento Progresista, que había postulado a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, porque aparentemente unas cuantas personas que recibían dinero de la empresa Asismex, por medio de tarjetas de Bancomer, estaban acreditados como representantes de casilla de esta coalición.
Aquí la interpretación lógica sería que estas personas recibían este recurso como soborno para incumplir sus tareas con López Obrador. O, en su caso, serían personas infiltradas entre las filas Obradoristas desde el principio del proceso electoral. No se entendería de otra manera porque estas personas recibieron exactamente el mismo pago, por la misma vía y de la misma “empresa” que los miles de operadores priistas acreditados.
Pero tal hipótesis jamás fue considerada o investigada por los consejeros electorales. Prefirieron sancionar parejo con el fin de sembrar entre la opinión pública la fantasiosa idea de que “todos son iguales”.
Pero el problema más grave con la investigación de los consejeros fue la ausencia de una indagación con respecto al origen de estos mil 400 millones de pesos. La autoridad simplemente se dio por vencido al atestiguar la compleja telaraña de cuentas y empresas fantasmas armada por el PRI y sus socios para esconder los rastros de los “donantes”.
El INE no ofrece dato alguno con respecto a quienes hayan sido los misteriosos financiadores. Abdicó en su responsabilidad de llegar al fondo de este enorme atropello a la legalidad y la constitucionalidad en materia electoral.
¿Habrán sido recursos del narcotráfico? ¿Dinero de Odebrecht y otras empresas petroleras extranjeras canalizado por medio de Emilio Lozoya? ¿Recursos provenientes del gobierno de los Estados Unidos? ¿Recursos públicos canalizados por medio de empresas fantasma al estilo de la “Estafa Maestra” o como en el caso de las elecciones de 2016 en Chihuahua?
Él que cuenta con toda la información sobre los flujos financieros de 2012 es hoy el único aspirante a la presidencia por el PRI, José Antonio Meade, quien fungió como el Secretario de Hacienda de Felipe Calderón durante todo el proceso electoral de 2012. Pero el muy “honesto” precandidato al parecer sabe muy bien como guardar los secretos y las complicidades.
La indolencia y la complicidad del INE no nos permiten conocer el verdadero origen de estos recursos millonarios. Sin embargo, con la información que tenemos es evidente que hubo una grave violación a la normatividad en materia electoral.
Por ejemplo, el 41 de la constitución establece el principio irrenunciable de prevalencia de los recursos públicos sobre los de origen privado en todas las campañas electorales. En 2012, el PRI recibió por concepto de financiamiento público para gastos de campaña la cantidad de 537,269,864.03 millones de pesos. Si se acredita que los mil 400 millones de pesos manejados por la empresa Asismex fueron utilizados para la campaña del PRI nos encontraríamos frente a una flagrante violación de este principio fundamental.
Las leyes electorales también establecen estrictos topes de gasto de campaña (fijado en 336 millones de pesos para la elección presidencial de 2012), prohíben la compra o adquisición de tiempos en radio y televisión para hacer propaganda electoral y sancionan la recepción de recursos de procedencia ilícita o la utilización de recursos gubernamentales para fines electorales.
El Artículo 94 de la Ley General de Partidos Políticos señala que es causa de pérdida de registro de un partido político “incumplir de manera grave y sistemática a juicio del Consejo General del Instituto…de las obligaciones que le señala la normatividad electoral”.
Cuando combinamos el caso de Asismex con lo que conocemos sobre el financiamiento irregular de las campañas de 2016 en Chihuahua y otros estados y los descarados fraudes electorales cometidos en Coahuila y el Estado de México durante 2017, es difícil no llegar a la conclusión de que el Consejo General del INE debería por lo menos abrir un expediente con respecto al posible retiro del registro del partido más viejo y autoritario del país.
La subordinación de los consejeros al poder y el dinero no les permitirán actuar de acuerdo con la ley. Sin embargo, tarde o temprano la historia los juzgará por su evidente complicidad con el régimen de corrupción y violencia que hoy está destruyendo la nación.
Publicado en Revista Proceso No. 2151
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