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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el próximo lunes el Gobierno Federal enviará al Congreso dos iniciativas de reforma con un objetivo central: poner fin al mercado negro del agua y garantizar que el recurso sea administrado por el Estado.
Las propuestas contemplan endurecer sanciones por delitos hídricos, incluso con extinción de dominio, y una nueva legislación que regule el derecho humano al agua, como lo establece el artículo 4 constitucional.
De acuerdo con Efraín Morales, director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), una revisión de 90% de los 536 mil títulos de concesión otorgados desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari reveló más de 58 mil irregularidades. Entre ellas destacan:
Acaparamiento y duplicidad de permisos. Falsificación de documentos. Uso indebido del recurso, incluso para clubes de golf o balnearios. Pozos clandestinos y robo de agua. Concesiones con coordenadas en el extranjero.
Morales precisó que en lo que va de esta administración se han recuperado 4,475 millones de metros cúbicos de agua, equivalentes al suministro de cuatro años para la Ciudad de México, y se incrementó la recaudación en casi 3 mil millones de pesos gracias a una mayor fiscalización.
Asimismo, Mauricio Rodríguez Alonso, subdirector de Administración del Agua, informó que se detectaron bases de datos incompatibles, registros duplicados y 145 mil trámites rezagados, además de títulos agrícolas y municipales utilizados por industrias privadas.
Con estas reformas, Sheinbaum busca garantizar que el agua se administre con transparencia, se devuelva al dominio de la nación cuando no se use, y se priorice para quienes realmente lo necesitan.
