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Procuraduría cancela asignación de 12 ministeriales; erogaron 30 millones de pesos en sueldos durante seis años
El gobierno de Tamaulipas ordenó la cancelación del servicio de escoltas ministeriales asignados a la protección de Tomás Yarrington y Eugenio Hernández , ambos exgobernadores prófugos de la justicia estadounidense, anunció anoche el procurador estatal Irving Barrios.
Este aparato de seguridad, integrado por una docena de agentes estatales, fue ordenado por el anterior mandatario, Egidio Torre Cantú, quien autorizó además una erogación de más de 30 millones de pesos en los últimos seis años por concepto de salarios y viáticos.
‘‘ Tomás Yarrington tenía ocho elementos comisionados para su seguridad y Eugenio Hernández contaba con cuatro. Todos los agentes portaban armas de cargo cortas y largas y estaban asignados para proteger a los exgobernadores por orden de la administración anterior’’, reveló Barrios al ser entrevistado en el noticiero de la periodista Denise Maerker.
El procurador cuestionó que los agentes permanecieran comisionados como escoltas al destacar que actualmente una de las principales debilidades de la dependencia es la falta de personal ministerial y equipo policiaco para abatir el rezago en las investigaciones.
‘‘Se ordenó cancelar el servicio de escoltas que los exgobernadores tenían a su disposición. Dimos parte a la PGR para que, en el ámbito de su competencia, tomen las acciones que consideren pertinentes en cada caso’’, indicó Barrios.
¿DÓNDE ESTÁN?
En el contexto de la entrevista, Maerker precisó que Yarrington, gobernador de 1999 a 2004, es buscado desde el 2013 por la agencia antidrogas estadounidense, la DEA, por delitos de delincuencia organizada y recibir dinero de un cártel del narcotráfico a cambio de protección.
Por su parte, Eugenio Hernán-dez, gobernador del 2005 al 2010, empezó a ser buscado por la DEA desde junio del 2015 luego de que un juez federal estadounidense ordenó su captura tras recibir dinero de un cártel del narcotráfico y realizar transferencias financieras de manera ilegal en bancos de Texas por 30 millones de dólares.
