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Como parte del paquete de iniciativas que fue entregado por Gobernación a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el presidente Andrés Manuel López Obrador planteó la desaparición de siete órganos constitucionales autónomos e insistió en su propuesta de compactar áreas administrativas.
Además, propuso una reforma para renovar la integración total del Poder Judicial de la Federación y elegir por voto directo, en comicios extraordinarios, a nuevos ministros, magistrados electorales y magistrados de un tribunal de disciplina judicial, que sustituiría al actual Consejo de la Judicatura Federal, que propuso extinguir.
Y para fortalecer la democracia y garantizar el cumplimiento de la voluntad popular, el titular del Ejecutivo planteó a la Cámara de Diputados conformar un solo mecanismo electoral nacional, con lo cual suprimiría al Instituto Nacional Electoral y en su lugar crearía el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, como autoridad independiente del poder público, de partidos y grupos económicos.
En dos iniciativas en materia de austeridad y de simplificación orgánica, prevé que “las economías y ahorros que se generen con la extinción de los entes públicos se destinarán al fondo de pensiones para el bienestar”, resaltó que “durante muchos años se fue creando una burocracia dorada y nuevos organismos a los que se debía destinar muchos recursos del presupuesto” y en ese sentido consideró necesario replantear su funcionamiento porque, adujo, en los hechos duplican funciones y tareas del Ejecutivo federal.
Así, propuso “regresar las atribuciones de organismos a las dependencias que contaban con las facultades que actualmente se dispersan en distintos entes.
En su iniciativa de reforma constitucional en materia del Poder Judicial planteó que se busca incorporar en la Constitución “mecanismos democráticos que permitan a la ciudadanía participar en los procesos de elección de ministros, magistrados y jueces”, que permitan designar a personas “responsables de sus decisiones y sensibles a los problemas sociales”.
Como lo había planteado, López Obrador indicó que se propone extinguir al CJF e integrar un nuevo órgano de administración judicial que separe las funciones administrativas de la investigación y sanción de los integrantes del Poder Judicial.
En la reforma constitucional que en materia electoral envió a San Lázaro, plantea que esa instancia absorbería las funciones de los órganos públicos locales, a fin de organizar la totalidad de los comicios en el país, y se conformaría con instituciones administrativas y judiciales únicas, bajo el principio de austeridad. Además, llevaría a cabo los ejercicios de democracia directa previstas en la Constitución y leyes.
Plantea reducir a la mitad las prerrogativas de los partidos políticos y eliminar los 200 diputados federales plurinominales y 64 senadores, así como elegir mediante voto secreto, universal y directo a las máximas autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales por postulación de candidaturas a cargo de los poderes de la unión.
También propone reducir de 40 a 30 por ciento la participación requerida para que los resultados de revocación de mandato y consulta popular sean vinculatorios. Considera homologar la fecha para realizar la revocación de mandato y consulta popular para el mismo día de las elecciones ordinarias para elegir diputados al Congreso.
La iniciativa de reformas constitucionales en materia de derecho a la alimentación, medio ambiente sano y derecho al agua, da prioridad al uso doméstico del líquido en zonas de escasez ante el reconocimiento de que en el centro y norte del país se vive una situación crítica; prohíbe la siembra y consumo humano de maíz transgénico, alimento básico de los mexicanos, así como la entrega de concesiones de minería a cielo abierto y cancela el fracking.
Propone una modificación al artículo cuarto, para que se establezca que “el maíz, alimento básico y elemento de identidad nacional destinado al consumo humano, debe ser libre de modificaciones genéticas, como las transgénicas. El país se declara libre de cultivos de maíz genéticamente modificado. Debe priorizarse su manejo agroecológico”.
En busca de garantizar que la Guardia Nacional (GN) no tenga como destino la “descomposición ni el debilitamiento” que padeció la extinta Policía Federal, el Ejecutivo federal presentó una reforma constitucional para establecer en la carta magna que ese cuerpo policiaco es parte de la Fuerza Armada permanente, por lo que depende de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en el ámbito de su competencia.
Con la iniciativa enviada a la Cámara de Diputados, se busca concretar el paso de la GN a la Sedena, como se estableció en la Ley de la Administración Pública Federal en septiembre de 2022, que invalidó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en abril del año pasado por considerarlo contrario a la Constitución.
López Obrador un paquete de cinco iniciativas de reforma a la Constitución de carácter social, con lo que se busca mejorar la calidad de vida de la población.
Con la modificación al artículo cuarto de la Carta Magna se incorpora en la norma fundamental la obligación de que el Estado garantice la atención médica integral, universal y gratuita, incluyendo estudios médicos, intervenciones quirúrgicas y los medicamentos necesarios.
Incluye reformar el artículo segundo de la Constitución, con el fin de reconocer a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público y elevar a rango constitucional el derecho que tienen a ser consultados en aquellos proyectos o actividades que les pudieran afectar o impactar, por ejemplo en la construcción del Tren Maya.
La iniciativa para modificar el 123 de la Constitución tiene el objetivo de cambiar el sistema de financiamiento que administra el INFONAVIT, para que además de otorgar crédito para la adquisición de vivienda brinde acceso a casa-habitación en arrendamiento.
Se propone así, que el INFONAVIT pueda construir vivienda para que los trabajadores puedan adquirirla en un esquema de renta social o en propiedad. Cuando se trate de arrendamiento, la mensualidad que se cobre no podrá exceder el 30 por ciento del salario del empleado.
Otra de las reformas plantea modificar el artículo tercero constitucional para que los planes y programas de estudio incluyan la protección y cuidado de los animales.
Mediante la propuesta para reformar el artículo 123 de la carta magna, se eleva a rango constitucional el programa Jóvenes Construyendo el Futuro.
Tras mantener por cuatro años, distintos decretos y medidas para prohibir la venta de cigarros electrónicos o vapeadores, el presidente propuso que se defina a nivel constitucional la prohibición producción, distribución, comercialización y enajenación de esos productos, al mismo tiempo que busca agregar en dicha prohibición a los “precursores químicos y drogas sintéticas no autorizadas legalmente, como el uso ilícito del fentanilo”.
De igual forma, plantea establecer de manera explícita que queda “vedada la profesión, industria, comercio interior o exterior, trabajo o cualquier otra actividad para la producción” de ambas sustancias tóxicas.
En la veintena de iniciativas que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador, se incluye una modificación a los artículos cuarto y quinto constitucional en materia de Protección a la Salud por el uso de Sustancias Tóxicas, ya que se expone que han generado en el mundo miles de casos graves y muertes.
