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El Ejecutivo federal presentó como una de las propuestas que envió este lunes a la Cámara de Diputados, una reforma constitucional para establecer desde la carta magna que la Guardia Nacional (GN) es parte de la Fuerza Armada permanente, por lo que depende de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en el ámbito de su competencia.
La intención, se indica en la exposición de la iniciativa, es garantizar que ese cuerpo de seguridad no tenga como destino la “descomposición ni el debilitamiento” que padeció la extinta Policía Federal.
También, se plantea que la GN tenga la misma calidad en su disciplina, formación y adiestramiento, que las fuerzas castrenses del país para “garantizar la seguridad pública con respeto irrestricto a los derechos humanos”, así como dotarla del marco jurídico necesario para su participación en las labores de seguridad, se expone en la argumentación de la propuesta.
Entre las modificaciones a la Constitución, se propone modificar una docena de artículos para definir la facultad de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y del Senado para ratificar el nombramiento de coroneles y demás jefes superiores de la GN que realice el presidente de la República.
Con ello, la GN coadyuvará en investigaciones de delitos, “bajo el mando y conducción del Ministerio Público”. Al igual que sucede con las Fuerzas Armadas, prohíbe la participación de extranjeros en la GN en tiempos de paz, y limita la participación de sus integrantes a procesos de elección popular, a menos que se separen con seis meses de antelación de sus cargos.
Mientras la actual política de seguridad pública está basada “en el respeto de los derechos humanos, en la construcción de la paz y en la seguridad pública con fuerzas policiales altamente profesionales y capacitadas, las cuales sólo pudieron obtenerse de personal con origen militar para conformar la Guardia Nacional”, la estrategia de sexenios anteriores que parte desde 1999, en el gobierno de Ernesto Zedillo, tenía como intención la creación de un cuerpo policiaco de “carácter reactivo” con la Policía Federal Preventiva (PFP), se indica en el documento.
Asimismo, se recalca que la “estrategia fallida” continuó con la Agencia Federal de Investigación (AFI) en el gobierno de Vicente Fox, y después con la Policía Federal creada en el sexenio de Felipe Calderón, cuando comenzó la guerra contra el narcotráfico.
El paso de la GN a la Sedena se estableció en la Ley de la Administración Pública Federal en septiembre de 2022, pero fue invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en abril del año pasado por considerarlo contrario a la Constitución.
