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Durante el proceso electoral para elegir al gobernador mexiquense se violentaron al menos 16 artículos de cinco leyes estatales y federales en materia electoral, lo que se suma a las 619 denuncias que se recibieron por irregularidades cometidas en cada una de las etapas, la mayoría de ellas por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), con el fin de favorecer a su candidato y ahora gobernador, Alfredo del Mazo Maza.
Lo anterior se desprende del “Informe Final sobre las elecciones para gobernador del Estado de México”, presentado este jueves por el Observatorio Electoral Ciudadano “Ni Un Fraude Más”.
Dicho reporte detalla que de las denuncias ciudadanas recibidas y las trasgresiones electorales documentadas por los medios de comunicación se logró establecer que el PRI incurrió en por lo menos nueve acciones ilegales antes, durante y después de la jornada electoral del pasado 4 de junio, entre ellas el rebase de topes de campaña, operativos masivos de acarreo, compra de voto, secuestro y terrorismo electoral.
Sostiene que las irregularidades en cada una de las etapas del proceso electoral (que abarcan el periodo de precampaña, campaña, jornada electoral y postelectoral) demostraron la instrumentación de un mecanismo diversificado por parte del PRI para la comisión del fraude en el Estado de México.
Con base en la información recabada, agrega, se presentaron 53 denuncias penales ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) y 42 querellas administrativas ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) y el Instituto Nacional Electoral (INE). También dos recursos especiales ante el Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Incluso en este último, subraya el informe, se impugnó la validez de la elección.
Sin embargo, la mayoría de dichos recursos legales fueron desechados en su mayoría, y en el caso particular del que fue promovido ante el TEPJF se consideraron infundadas las alegaciones por “falta de un interés legítimo”, dado que el demandante no fue “afectado directa o indirectamente por el acto reclamado”.
A partir de los elementos que rodearon los comicios de junio pasado en la entidad más poblada del país –con el 13.26% del padrón electoral nacional–, el informe concluye que “se trató de la elección más sucia de la historia contemporánea de México”, en la que el PRI gestó el operativo electoral más grande para preservar el poder en la tierra natal del presidente Enrique Peña Nieto, ahora en la persona de su pariente Alfredo Del Mazo Maza.
“En el Estado de México nos encontramos a todas luces frente a una situación de defraudación generalizada de la soberanía popular y de una violación a los principios rectores en materia electoral de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia. En el Estado de México la elección no fue libre ni auténtica”, recalca.
En entrevista, John Ackerman, uno de los 34 integrantes nacionales del Observatorio, dice que el estudio demuestra por qué la elección del 4 de junio pasado tuvo que haberse anulado, pues se evidenció “el mecanismo de fraude sofisticado y que existen unas autoridades electorales cada vez más indolentes, a pesar de que cuentan con más facultades”.
Irregularidades
Según el análisis, el mecanismo del PRI para colocar al frente del gobierno mexiquense a un integrante más del Grupo Atlacomulco se basó en nueve acciones principales, entre ellas una intensa jornada de acarreo, compra y coacción del voto, “la más grande en la historia de México”.
Sobresale también la intervención de funcionarios federales y estatales por medio del condicionamiento, esencialmente de los programas sociales Liconsa y Prospera, y la promoción ilegal de obras del gobierno (de los que también dio cuenta Proceso al evidenciar la operación del “Día D” y el operativo “Apapacho”).
En tercer lugar, destaca un probable rebase del tope de gasto de campaña del PRI en 30% (por 374 millones de pesos).
Durante la jornada electoral y antes de ésta también se documentó la guerra sucia contra la candidata de Morena, Delfina Gómez, y una guerra psicológica de miedo y violencia física directa contra militantes y representantes de ese partido, con al menos 135 denuncias ante la FEPADE por amenazas telefónicas.
Hubo también problemas con la organización de las mesas directivas de casilla, pues la mañana del 4 de junio se sustituyó a más de cinco mil funcionarios, además de que se registraron irregularidades en el llenado de las actas de escrutinio, en el conteo rápido y en el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), así como en los conteos distrital y final.
De igual manera, se detectó presión corporativa a trabajadores de los gobiernos estatal y municipal, afilados a sindicatos, para apoyar al gobierno en turno.
Finalmente, el entonces gobernador Eruviel Ávila Villegas violó la veda electoral al promocionar la apertura de hospitales y entrega de apoyos sociales, entre otras faltas.
El documento del Observatorio hace hincapié en que el IEEM no fue capaz de responder a diversos señalamientos, por ejemplo, porqué a las 9:50 –casi dos horas después de lo establecido por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y el Código Electoral del Estado de México– sólo se había instalado el 33% de las casillas.
Tampoco dio respuesta al cambio repentino en la muestra que se estipuló para el conteo rápido, que en un inicio se marcó en mil 800 casillas, pero la noche del 4 de junio sólo se contó con el 72.2% de éstas, es decir, mil 347.
Incluso, en tres distritos (10, Valle de Bravo; 13, Atlacomulco de Fabela, y 9, Tejupilco) los paquetes electorales de 34 casillas se entregaron a los Consejos Distritales del IEEM hasta el 5 de junio.
Con todas esas anomalías se violaron los artículos 60, 39, 40, 41 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el 7, 9 y 11 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales; el 243, 246, 247, 273 y 277 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; el 301 y 302 del Código Electoral del Estado de México, y el 403 del Código Penal Federal.
“Deja un antecedente bastante turbio de lo que pueden ser las elecciones de 2018 (las más grandes en la historia de México), pero también deja ver que para entonces los que podríamos evitar nuevamente la consolidación del fraude somos los ciudadanos. Tenemos que hacer la chamba de las autoridades ante su absoluto desinterés e incumplimiento a las peticiones ciudadanas”, mencionó el investigador y analista John Ackerman.
Elección fraudulenta
Las violaciones señaladas se cometieron en su mayoría en cuatro de los cinco municipios que en conjunto concentran tres cuartas partes del voto efectivo: Ecatepec, de donde es originario el exgobernador Eruviel Ávila Villegas; Toluca, bastión priista; Naucalpan, que pertenece al llamado “cinturón azul” por concentrar los votos de Acción Nacional, y Tlalnepantla.
De acuerdo con el documento de la Iniciativa “Ni Un Fraude Más”, se presentó una solicitud de información para conocer el contenido de las boletas electorales (partiendo del antecedente que dejó este semanario en 2006), pero el 4 de agosto de 2017 el Comité de Transparencia del IEEM respondió en su resolución 00245/IEEM/IP/2017 que por “amenaza a la seguridad nacional”, esa información estaba reservada.
Con base en los resultados, subraya que las autoridades electorales tendrían que haber anulado el supuesto triunfo del candidato priista.
“La presencia de tantas irregularidades dentro de un contexto de una elección sumamente cerrada (de acuerdo con los datos oficiales Del Mazo recibió apenas 170 mil votos más que Gómez, una diferencia de apenas 3% de la votación) genera la justificada impresión de que Del Mazo hoy ocuparía el cargo de gobernador no por la voluntad popular, sino por la voluntad del poder.”
Concluye: “La experiencia en el Estado de México demostró que no podemos confiar en las instituciones del Estado. Los ciudadanos somos los que tenemos la misión histórica de construir una verdadera democracia tanto en el Estado de México como a lo largo y ancho del país”.
