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Organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y representantes de la iniciativa privada presentaron un proyecto de Ley General de Responsabilidades Administrativas, también denominada Ley 3 de 3, que busca prevenir, detectar y sancionar actos de corrupción cometidos por servidores públicos.
Tras advertir que la corrupción le cuesta anualmente al país cerca de 347 mil millones de pesos, organizaciones como el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Transparencia Mexicana, el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) signaron dicho proyecto complementario al Sistema Nacional Anticorrupción; y convocaron a la ciudadanía a sumar su firma hasta alcanzar 120 mil, que es el mínimo requerido para presentarlo ante el Congreso de la Unión.
Asimismo, se propone establecer como una obligación que los diputados, senadores, alcaldes, gobernadores y el presidente de la República presenten por ley tres documentos: declaración patrimonial, declaración de intereses y declaración fiscal.
Al presentar la propuesta de ley, Juan Pardinas, director del IMCO, dijo que la iniciativa ciudadana busca transformar la indignación social causada por la corrupción, en un esfuerzo constructivo para forjar gobiernos más honestos.
En su intervención, Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, planteó que la corrupción es uno de los principales problemas públicos en México, pues el Índice de Percepción en Transparencia Internacional de 2015 ubica al país en el lugar número 95 de 165 (en orden descendente) entre los más corruptos.
Por su parte, Sergio López Ayllón, representante del CIDE, sostuvo que este proyecto es una pieza central en la reconstrucción del sistema de responsabilidades administrativas, pues el que tenemos hoy aseguró, “ha demostrado a lo largo de los años su ineficacia”.En su turno, Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, refrendó el compromiso del sector empresarial en el respaldo de tal iniciativa al señalar que el objetivo es que México consolide una estructura institucional que brinde confianza y certeza jurídica.
