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Un intenso debate sacudió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tras la decisión de someter a revisión la reciente reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación (PJF). Con ocho votos a favor y tres en contra, la Corte abrió la puerta a una posible suspensión de la reforma, lo que ha generado preocupaciones por las implicaciones políticas y legales de esta medida.
La ministra Yasmín Esquivel Mossa fue contundente en su oposición, advirtiendo que la Corte estaría cometiendo un grave error al revisar una enmienda constitucional aprobada por el Poder Legislativo. “La SCJN estaría dando un auténtico golpe de Estado al pretender someter a control constitucional el trabajo del poder reformador”, destacó. Esquivel señaló que esta decisión viola el principio de supremacía constitucional y atenta contra la división de poderes, poniendo en riesgo el Estado Constitucional de Derecho.
La ministra enfatizó que la Constitución no es impugnable, por lo que someterla a revisión abre la puerta a una crisis sin precedentes. “La Corte quiere desconocer el poder reformador de la Constitución y mandar el mensaje de que puede echar abajo una reforma constitucional en un procedimiento administrativo”, añadió Esquivel, quien consideró esta acción como una amenaza directa a la estabilidad del país.
Lenia Batres, otra de las ministras en contra, coincidió en que la Corte no tiene facultades para intervenir en una decisión del Poder Legislativo y advirtió sobre las graves consecuencias de que el máximo tribunal se arrogue ese poder. Para ella, el proceso de reforma constitucional está en manos del pueblo y el poder que emana de él, no de la SCJN.
Pese a las advertencias de Esquivel y Batres, la mayoría del Pleno, encabezada por la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández, decidió proceder con el análisis de la impugnación. El proyecto fue presentado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien argumentó que la vía legal propuesta por los jueces y magistrados no era la correcta, pero que existe una ruta legítima para revisar la reforma bajo la Ley Orgánica del PJF.
El debate está lejos de terminar, y las consecuencias de esta decisión podrían repercutir profundamente en la estructura política y jurídica del país. Las tensiones entre poderes se intensifican mientras el futuro de la reforma al Poder Judicial pende de un hilo.
