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Con un nuevo decreto, que insiste en declarar como de interés nacional los proyectos de infraestructura prioritarios para el gobierno federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador revivió los efectos de la disposición similar, de noviembre de 2021, que horas antes había invalidado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Con esto, el Ejecutivo Federal realiza un nuevo acto jurídico, con el cual consigue evadir temporalmente las repercusiones de la decisión del máximo tribunal, pues lo resuelto por los ministros no puede tener aplicación sobre el decreto reciente.
El artículo único de la nueva disposición, publicada en una edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, establece que: “Son de seguridad nacional y de interés público la construcción, funcionamiento, mantenimiento, operación, infraestructura, los espacios, bienes de interés público, ejecución y administración de la infraestructura de transportes, de servicios y polos de desarrollo para el bienestar y equipo tanto del Tren Maya como del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, y los aeropuertos de Palenque, Chiapas; de Chetumal y de Tulum, Quintana Roo”.
El anterior decreto, de 2021, señalaba que: “Se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional”.
El nuevo documento pone énfasis en la relevancia estratégica de las obras que clasifica como de seguridad nacional. Señala: “Los aeropuertos de Palenque, Chiapas; de Chetumal y de Tulum, Quintana Roo, por su ubicación geográfica, resultan estratégicos para la vigilancia y control del espacio aéreo en la frontera sur, lo cual permite la detección e intercepción oportunas de aeronaves no identificadas que pudieran realizar actos ilícitos en contra de la seguridad nacional y la integridad territorial del país; además, territorial y operativamente son complementarios del funcionamiento y operación del Tren Maya”.
De manera semejante, argumenta que la conectividad entre el Golfo de México y el Pacífico, así como a lo largo de la frontera sur, es una tarea complementaria a la seguridad nacional del país.
“El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, su plataforma logística y demás infraestructura, por su ubicación geográfica entre los estados de Oaxaca, Veracruz de Ignacio de la Llave, Tabasco y Chiapas, son estratégicas debido a su localización, que permite comunicar el océano Pacífico con el golfo de México y el océano Atlántico, ya que la mercancía que ingresa por los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz puede ser transportada directamente hasta Puerto Chiapas y a Ciudad Hidalgo, Chiapas, incluso a Ciudad de Tecún Umán, Guatemala, y viceversa, (…) además de que se requiere extremo cuidado y vigilancia en el transporte de sustancias peligrosas que se lleva a cabo en dicho corredor”, añade el decreto.
Legalmente, se fundamenta en los artículos 25, 26 y 28 de la Constitución, donde se reconocen las facultades del Estado para la planeación y rectoría económicas, así como en el artículo 13 de la Ley de Seguridad Nacional, que establece las responsabilidades para mantener la paz y vigilancia del territorio.
El nuevo decreto fue firmado en Palacio por el Presidente y los secretarios de Gobernación, Defensa y Marina, y entró el vigor el mismo día en que se expidió.
