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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que su gobierno analiza una reforma constitucional para revisar y reducir las pensiones millonarias que aún reciben exfuncionarios del periodo neoliberal en Pemex y la extinta Luz y Fuerza del Centro (LyFCL), algunas de ellas superiores al sueldo neto de la propia mandataria.
“Estamos analizando incluso cambios constitucionales, porque hay pensiones ofensivas para el pueblo de México, de hasta un millón de pesos mensuales, mientras miles de trabajadores quedaron en el abandono”, expresó Sheinbaum durante la conferencia matutina Las Mañaneras del Pueblo.
De acuerdo con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro Sánchez, actualmente se destinan:
- 28 mil 074 millones de pesos anuales a 14 mil 073 extrabajadores de LyFCL; de ellos, 9 mil 457 reciben entre 100 mil y 1 millón de pesos mensuales.
- 24 mil 844 millones de pesos anuales a 22 mil 316 jubilados de Pemex; 544 de ellos perciben más que la Presidenta de la República.
La funcionaria adelantó que se instalaron mesas de trabajo con el IMSS, ISSSTE, SHCP, Pemex, CFE y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para revisar la legalidad de estas prestaciones, actualizar padrones y homologar procesos de verificación.
Sheinbaum precisó que los beneficiarios podrán acercarse de manera voluntaria para ajustar su pensión a un monto “justo y modesto”.
Asimismo, Buenrostro informó que se reforzarán los convenios con Renapo y registros civiles para agilizar la actualización de expedientes, al tiempo que se realiza una revisión jurídica para garantizar transparencia.
En paralelo, el Gobierno Federal reiteró su política de cero impunidad ante casos de corrupción en Pemex. Sobre la investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos que involucra a exfuncionarios de la empresa, se recordó que varios contratos señalados se originaron en administraciones anteriores y que Pemex inició auditorías internas desde 2020.
Con estas acciones, el Gobierno de México busca poner fin a privilegios heredados del periodo neoliberal y garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera justa y en beneficio de la ciudadanía.
