Ciudad de México.– En una sesión marcada por el debate y las tensiones políticas, el Senado de la República aprobó la minuta de reformas a la Ley de Amparo, enviada desde la Cámara de Diputados, y la turnó al Ejecutivo Federal para su promulgación.
La votación, que se realizó apenas 15 horas después de su aprobación en San Lázaro, concluyó con 82 votos a favor y 38 en contra, con el respaldo de Morena y sus aliados, quienes defendieron los ajustes realizados al artículo primero transitorio, uno de los puntos más controvertidos del proyecto impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Durante la discusión, legisladores de oposición —principalmente del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano— denunciaron que la reforma tiene efectos retroactivos y limita el derecho de los ciudadanos a interponer amparos, especialmente en casos colectivos o ambientales.
“Están envenenando el debate”, respondió el senador Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia, al rechazar los señalamientos y subrayar que los cambios aprobados no afectan derechos adquiridos, sino que buscan frenar los abusos procesales de élites económicas y políticas que, dijo, “han utilizado el amparo como escudo para no pagar miles de millones de pesos al Estado”.
El morenista Enrique Inzunza, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, sostuvo que las reformas se ajustan a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y atienden observaciones de especialistas.
Por su parte, el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, quien promovió la inclusión del artículo transitorio en el Senado, enfatizó que la nueva legislación no tiene dedicatoria fiscal ni persecución política, sino que busca modernizar los procesos judiciales.
“Durante años, grandes corporaciones usaron el amparo para evadir impuestos. Hoy cerramos esa puerta y fortalecemos la justicia para los ciudadanos comunes”, afirmó.
Pese a los intentos de la oposición por presentar reservas, la minuta fue aprobada en lo general y en lo particular, quedando lista para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Con esta decisión, el Senado dio luz verde a una de las reformas más polémicas de la administración de Claudia Sheinbaum, que promete transformar el sistema de justicia en México al hacerlo más ágil, equitativo y transparente.
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