Se ponuncia Morena en contra de la nueva Ley General de Comunicación Social

• En los hechos, legaliza las campañas de promoción personalizada y permite el uso de recursos públicos para ello, aseveró el diputado Virgilio Caballero, Coordinador de la bancada de Morena.

• A nombre de este partido, el diputado Juan Romero Tenorio presentó una moción suspensiva al dictamen, al considerar que el Congreso de la Unión simula acatar la resolución de la SCJN.

Morena está en contra de la nueva Ley General de Comunicación Social porque en los hechos legaliza las campañas de promoción personalizada; permite el uso de recursos públicos para difundir logros personales; reglamenta el uso discrecional y arbitrario de la repartición de la publicidad oficial, y avala su contratación como un botín de negociación política, tal y como se ha realizado hasta ahora, aseveró el diputado Virgilio Caballero Pedraza.

“En México, además de atentados a medios de comunicación, agresiones, amenazas y asesinatos a periodistas, el Estado ha encontrado formas más sofisticadas para la censura y por décadas la asignación arbitraria y discrecional de la publicidad oficial ha sido el mecanismo más eficaz para controlar e impedir el derecho a la información y el ejercicio de la libertad de expresión”, reclamó.

Al presentar la postura de Morena sobre el proyecto de decreto para expedir dicha ley, sostuvo que esas reprobables prácticas atentan contra la débil democracia mexicana y contravienen el mandato de los Artículos 6 y 7 de la Constitución Política, así como el 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, respecto a que el derecho a la libertad de expresión no puede estar sujeto a previa censura.

El Coordinador del Grupo Parlamentario de Morena señaló que la simbiosis entre gobiernos y dueños de algunos medios de comunicación, en particular los de mayor poder económico, ha sido de gran provecho político y económico para los gobernantes y partidos políticos del régimen a costa del derecho a la información de la población.

“Cabe recordar que el gobierno panista de Felipe Calderón, de acuerdo con datos oficiales, ejerció cerca de 40 mil millones de pesos en publicidad oficial y comunicación social, cifra igualada en 2017 por la actual administración priista de Enrique Peña Nieto, de quien se espera que al final de su sexenio habrá ejercido cerca de 60 mil millones de pesos, de acuerdo con datos de las organizaciones Artículo 19 y Fundar”.

En la máxima tribuna del país, Caballero Pedraza que la Cámara de Diputados tiene la oportunidad, por mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de legislar para el pueblo y no en función de los intereses partidistas.

Derivado de ello, destacó que la propuesta de Morena va encaminada a que la regulación de la publicidad oficial proteja y garantice el derecho a la información y el ejercicio de la libertad de expresión, y evite explícitamente la censura previa, directa y por medios indirectos, de conformidad con la Carta Magna y los tratados internacionales en la materia.

“Nuestra propuesta considera que es imperativo establecer los principios de la comunicación social y la publicidad oficial, las directrices de los contenidos que verdaderamente sean de interés público, así como prohibiciones explícitas a la promoción personalizada”, subrayó.

El legislador federal capitalino señaló que también es necesario colocar topes presupuestarios, prohibir la modificación de gasto y establecer límites a los porcentajes de asignación a cada medio o agencia de comunicación, con el fin de garantizar la pluralidad y diversidad de medios de comunicación.

Al respecto, el diputado Virgilio Caballero resaltó que Morena se opone a que sea la Secretaría de Gobernación la encargada de expedir y evaluar la normatividad de la comunicación social, y urgió a que la ley en la materia establezca directrices y límites de los sujetos obligados en las campañas publicitarias durante los procesos electorales.

“Proponemos la creación del Consejo para la Evaluación y Seguimiento de la Publicidad Oficial, con autonomía técnica y de gestión, que se conformará por 15 personas de prestigio profesional en el campo de los medios de comunicación y radios comunitarias. Este Consejo fungiría como un mecanismo de vigilancia social y como un verdadero contrapeso a los entes públicos”, precisó.

Antes, también a nombre del Grupo Parlamentario de Morena, el diputado Juan Romero Tenorio presentó una moción suspensiva al dictamen, debido a que el Congreso de la Unión simula acatar la resolución de la SCJN.

Comentó que la iniciativa que presentó la Fracción Parlamentaria del PRI, y que impulsó la Comisión de Gobernación, no cumple mínimamente el mandato inicial, y que las reglas sobre asignación de gasto no son claras.

El también Presidente de la Comisión para Combatir el Uso de Recursos Ilícitos en Procesos Electorales, indicó que son especialmente preocupantes los lineamientos de los Artículos 19 y 20 de la citada legislación. “Constituye un medio de restricción indirecta a la libertad de expresión”, aseguró.