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A 10 años del incendio de la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a reabrir el caso, con lo que la denuncia penal por los hechos se ratificará, ampliará y reforzará ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Al recordar la pérdida de 49 niñas y niños de la Guardería ABC y 106 heridos, el mandatario aseguró que como titular del Poder Ejecutivo cumplirá para que se presenten todos los elementos y pruebas en las indagatorias del caso y solicitará de manera respetuosa, tanto al titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, como a los integrantes del Poder Judicial, actuar con apego a la legalidad para que haya justicia.
“No se trata de acusar por acusar; nosotros no estamos a favor del autoritarismo o de juicios sumarios o de linchamientos públicos, políticos. Nosotros queremos vivir en un auténtico Estado de Derecho. (…) Los jueces decidirán sin encubrir absolutamente nada. Ningún servidor público del Poder Ejecutivo orientará resolución alguna que tenga que ver con la impartición de justicia”, subrayó.
En homenaje a las víctimas, este día la bandera nacional se izará a media asta en todas las dependencias de la administración federal y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizará un simulacro simultáneo en sus mil 416 guarderías.
En cuanto la Secretaría de Gobernación (Segob) consolide acuerdos con los familiares de las víctimas y avancen los procesos legales, el presidente recibirá a los padres y madres afectados; el gobierno federal ofrecerá una disculpa pública, se construirá un nuevo memorial y será rehabilitado el que actualmente se encuentra en Paseo de la Reforma.
El titular del IMSS, Zoé Robledo, informó que avanzan las obras de la construcción del nuevo Centro de Atención Inmediata para Casos Especiales en Hermosillo, Sonora, cuyo objetivo es apoyar las necesidades médicas, físicas y emocionales de los afectados directos e indirectos del siniestro ocurrido el 5 de junio de 2009.
Destacó que la edificación está al 79 por ciento aún cuando debió iniciar operaciones en marzo de 2018. El propósito de acelerar los trabajos, dijo, es que esté listo para su funcionamiento en los próximos meses.
Asimismo, indicó que encabeza las gestiones necesarias para que padres y madres participen en el fideicomiso de ayudas extraordinarias “poniendo por delante el interés fundamental y legítimo de los afectados”.
Segob se consolida como institución protectora de los derechos humanos
El presidente y el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, Alejandro Encinas Rodríguez, informaron que las autoridades constitucionales y tradicionales de Chiapas firmaron un pacto de paz y conciliación en el municipio de Chenalhó al norte de esa entidad.
Con este acuerdo que, entre otras cosas, contempla la apertura del territorio, será posible instalar una de las cien Universidades Públicas Benito Juárez, indicó el subsecretario.
“Las condiciones para la restauración de la paz vendrá acompañado de acciones muy puntuales que van, por ejemplo, para permitir la libertad de tránsito a través de dos rutas que ligan a ambas comunidades, que estaban cerradas cada una por una comunidad respectivamente, hasta todos los apoyos en materia humanitaria de atención de los servicios de salud, implementación de todos los programas sociales del gobierno federal, el apoyo de las brigadas juveniles con proyectos especiales de integración, establecimiento de un plantel de la universidad Benito Juárez en esta región de Aldama y Chenhaló, que van a construir, a facilitar esas condiciones de paz.
Ha sido una instrucción, una encomienda particular del presidente de la República, el generar las condiciones de paz y reconciliación. Esperemos que este pacto sea un ejemplo que podamos replicar en otras regiones donde prevalece confrontación entre comunidades y pueblos indígenas”, abundó Encinas Rodríguez.
El jefe del Ejecutivo resaltó que en la ruta de la consolidación de la Secretaría de Gobernación como la institución de defensa de los Derechos Humanos, se analiza la posibilidad de aplicar procedimientos más ágiles y expeditos para liberar a los inocentes que están presos en las cárceles del país injustamente.
Reiteró que hay defensores indígenas a los que incluso les fabricaron delitos y no han sido sentenciados o, aunque cometieron delitos menores, por circunstancias de pobreza no pueden pagar sus fianzas.
