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Luego de dos riñas ocurridas en su interior este año, el Penal del Topo Chico debe ser cerrado o su sistemas de vigilancia reestructurados, pidió hoy la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL), Sofía Velasco Becerra.
Al presentar un informe especial sobre el centro penitenciario, que tiene 70 años de antigüedad, la funcionaria exhortó al gobierno de Jaime Rodríguez Calderón a considerar la clausura de las instalaciones o conseguir que se hagan efectivos la garantía de vida y la reinserción de los internos, mediante la transformación de los protocolos y la capacitación de personal.
Velasco pidió ponderar la necesidad de construir un nuevo centro penitenciario, para desfogar la población de más de 3 mil 500 internos del Topo Chico, de los cuáles unos 400 corresponde a la sección femenil.
El informe que presentó establece que las deplorables condiciones en las que se encuentra el reclusorio de la colonia Nuevo Morelos, en esta capital, impiden al Estado garantizar el derecho a la vida y a la salud, trato digno, reinserción y acceso a actividades formativas, de los que deben gozar los reclusos.
El personal de custodia es insuficiente, así como la falta de control para la separación de la población penitenciaria, señaló.
“En las visitas constantes de la CEDH se ha confirmado el hacinamiento, se han detectado deficiencias estructurales y funcionales en el sitio, en las reglas de operación del mismo, y las múltiples carencias de recursos físicos, económicos y de personal para la atención a necesidades de la población, especialmente las personas internas con algún tipo de enfermedad y a las mujeres”, señala el comunicado que remitió el organismo.
Velasco Becerra pidió que para cumplir con el derecho a la salud de los internos, quienes padezcan enfermedades mentales deben ser enviados a instituciones que les proporcionen servicios hospitalarios, para que los especialistas garanticen su tratamiento y medicación adecuados.
Para mejorar el funcionamiento del Topo Chico, la defensora de los derechos humanos propuso la creación de un comité de expertos de la sociedad civil y el gobierno que promuevan y vigilen el mejoramiento de las prácticas al interior del centro penitenciario, de acuerdo a los parámetros internacionales.
“El objetivo constitucional de la reclusión es la reinserción, la cual no puede ser concretada si no se garantizan los derechos antes mencionados y no se vincula a los familiares en el proceso de cada interno e interna, aspecto que también debe ser promovido por el mismo centro penitenciario”, dijo la presidenta de la Comisión.
Este informe es presentado después de que se suscitara en el interior del penal de Topo Chico una masacre de 49 reos la noche del 10 de febrero pasado. Otro evento trágico ocurrió en su interior, el 1 de junio, cuando reclusos mataron a 3 de sus compañeros en una riña.
El gobernador de Nuevo León dio a conocer recientemente que será construida una nueva penitenciaría en el sur del estado, aunque no ha proporcionado más detalles del proyecto.
