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El Sistema de las Naciones Unidas en México expresa que es fundamental establecer responsabilidades de autoridades municipales, estatales y federales que participaron en los acontecimientos
El Sistema de las Naciones Unidas en México (ONU México) se unió al llamado en favor de hacer un “replanteamiento general” de la investigación de los hechos ocurridos en Iguala y esclarecer las irregularidades surgidas a lo largo de la investigación, que incluyen informaciones sobre el uso de la tortura para conseguir confesiones, alteración de evidencias, omisiones en las investigaciones y deficiencias periciales, entre otras.
Asimismo, es fundamental establecer las responsabilidades de las autoridades municipales, estatales y federales que participaron directamente en los hechos o que teniendo conocimiento de los mismos no cumplieron con el deber de garantía, prevención y protección que toda autoridad tiene», dijo la ONU.
Expresó su profunda solidaridad con las más de 180 víctimas directas de diferentes violaciones a los derechos humanos y sus familias con ocasión de cumplirse el primer año de los trágicos hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre de 2014.
«La desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, la ejecución extrajudicial de seis personas y las lesiones ocasionadas a más de 40 personas, algunas de ellas de suma gravedad, constituye uno de los casos más graves de violaciones de derechos humanos en la historia reciente de México», dijo la ONU en un comunicado.
El Sistema de las Naciones Unidas apreció la reacción alentadora del Gobierno al informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la apertura al diálogo que al más alto nivel las autoridades mexicanas han tenido con las madres y los padres de los estudiantes desaparecidos y su disposición de mantener abiertas las líneas de investigación del caso como muestras del interés por buscar las mejores fórmulas para esclarecer los hechos, investigar, juzgar y sancionar a los responsables y reparar a las víctimas.
«Las más de 26 mil personas cuyo paradero se desconoce, de acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, deben alentar a todas las autoridades a asumir la búsqueda de las personas desaparecidas como una prioridad ineludible.
Los efectos de la desaparición de un ser querido perduran hasta que no se esclarece su suerte o paradero, prolongando y amplificando el sufrimiento que se causa a familiares y allegados. Nadie debe ser sometido por más tiempo a este calvario», señaló.
Indicaron que los hechos de Iguala han contribuido a evidenciar los desafíos que enfrenta México en materia de desapariciones y el Estado se encuentra ante una “oportunidad histórica”, como la calificó recientemente el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias.
Por último, la ONU México reiteró su disponibilidad para seguir trabajando conjuntamente con el Estado mexicano en favor del respeto y protección de los derechos humanos de todas las personas.
