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• En enero, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público desincorporó del dominio público el campo militar 1-F, predio en Santa Fe de 1,477,049 metros cuadrados.
• “Por ningún motivo debe privatizarse una propiedad de la nación. El predio es público y debe darse un uso social que beneficie a la comunidad”, indicó la diputada Maricela Contreras Julián.
La Secretaría de Defensa Nacional puso a disposición el predio en Vasco de Quiroga 1401 en septiembre de 2017, alegando que ya no es de utilidad para la prestación de servicios públicos a su cargo, según consta en el Acuerdo de Desincorporación publicado el 24 de enero en el Diario Oficial de la Federación, dio a conocer la diputada Maricela Contreras Julián.
“No hay ninguna justificación que valga para que se venda un predio público y se privatice en lugar de privilegiar su uso social para beneficio de la comunidad. De hacerlo, sería obtener tan solo lucro para unas cuantas personas en el gobierno, alentando negocios particulares en vez del interés de la sociedad”.
En dicho documento se pretende que la venta sea realizada bajo la inspección del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, un organismo público descentralizado que representará a la Federación en la transacción. La superficie ofertada excluye un perímetro solicitado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para su utilización como parte del trazo del Tren Interurbano México-Toluca.
“Cualquier modificación al entorno de una comunidad debe ser consultada con los vecinos del mismo para transparentar los procesos administrativos y evitar mayor desconfianza en las instituciones”, señaló Contreras Julián. Además, indicó que solicitará información al General Salvador Cienfuegos, Secretario de la Defensa Nacional, con el fin de revisar los datos del proceso de puesta a disposición y desincorporación de este espacio.
En el Acuerdo presentado por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales se indica que la superficie del inmueble no es de uso común y por sus características, no es susceptible de destinarse a las funciones de otras instituciones públicas para la prestación de servicios.
Pese a lo anterior, el documento no expone con certeza las razones por las que el terreno ha sido descartado para el servicio público y sí se presenta como una opción viable para los desarrollos inmobiliarios.
Ninguna autoridad puede justificar la privatización de un espacio público bajo el argumento de evitar gastos de mantenimiento y vigilancia, por ello la integrante de la Comisión de Defensa Nacional urgió a las autoridades involucradas a respetar los espacios públicos que le pertenecen a la nación y a conservar su carácter social.
“Debemos recordar que el beneficio de las comunidades está por encima del ingreso que pueda obtener cualquier institución. Este terreno, que es de naturaleza pública, puede ser utilizado como una reserva ecológica o un espacio comunitario útil para la Ciudad y sus habitantes. De lo que se trata es de favorecer zonas abiertas y de convivencia en lugar de continuar con los grandes desarrollos empresariales”, señaló la legisladora federal de Morena.
