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Tegucigalpa.— La unidad latinoamericana se convirtió en el clamor central durante la novena Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), celebrada en Tegucigalpa, en medio de un contexto marcado por deportaciones masivas y medidas arancelarias impuestas por Estados Unidos bajo el gobierno de Donald Trump.
Con un fuerte tono de condena al unilateralismo estadounidense, líderes de la región coincidieron en la urgencia de actuar con firmeza y cohesión ante lo que califican como políticas agresivas contra la migración, el comercio, el medio ambiente y los derechos humanos.
“No podemos seguir caminando separados cuando el mundo se reorganiza sin nosotros”, advirtió la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, al inaugurar la cumbre. Su mensaje fue claro: es momento de cerrar filas ante los desafíos globales.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien asumió la presidencia pro tempore del organismo, rechazó la criminalización de los migrantes y denunció la reciente expulsión de más de 200 personas indocumentadas hacia El Salvador, confinadas en un centro de máxima seguridad. “No puede llegar ningún migrante como criminal. Se está castigando la pobreza y la desigualdad”, expresó con firmeza.
Desde Brasil, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva llamó a fortalecer el comercio regional y a rechazar las medidas unilaterales que impactan la economía: “No hay ganadores en las guerras comerciales”.
Por su parte, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, advirtió sobre el resurgimiento de una agenda agresiva por parte de Washington, que incluye la utilización de la base naval de Guantánamo como centro de detención de migrantes irregulares. Además, calificó como “chantaje vulgar” la amenaza de restringir visas a líderes que contraten médicos cubanos.
Xiomara Castro, al concluir su mandato al frente de la Celac, denunció el fracaso del modelo neoliberal promovido por Estados Unidos: “Ha vaciado nuestras economías, endeudado a nuestros países y expulsado a nuestra juventud”.
Desde Venezuela, Nicolás Maduro se sumó al reclamo regional, calificando como anacrónica y violatoria de derechos humanos la aplicación de la Ley contra Enemigos Extranjeros de 1798, utilizada para justificar detenciones y deportaciones.
La declaración final, firmada por la mayoría de los jefes de Estado y de Gobierno presentes, reafirmó el rechazo a medidas coercitivas unilaterales y expresó respaldo a Haití en su búsqueda de estabilidad política y social.
Pese al consenso general, Argentina y Paraguay se desmarcaron de la declaración al no enviar a sus presidentes y optar por encuentros bilaterales en Asunción.
Con la participación de 11 mandatarios, 20 cancilleres y representantes de varios gobiernos, la cumbre cerró con un mensaje contundente: América Latina está decidida a caminar unida, levantar la voz y defender los derechos de sus pueblos frente a cualquier forma de imposición externa.
