Juez exonera a la maestra Gordillo

Sin embargo, la ex dirigente magisterial y ex secretaria general del PRI seguirá bajo custodia de la Procuraduría General de la República (PGR) en el interior de un hospital privado, debido a que se mantienen abiertos otros dos procesos penales por evasión fiscal, lavado de dinero y delincuencia organizada.

El abogado de la maestra, Marco Antonio del Toro Carazo, informó que la resolución fue dictada por el Juez Séptimo de Procesos Penales Federales con sede en la Ciudad de México, en acatamiento a una resolución de un tribunal federal que declaró ilícitas las pruebas recabadas por la PGR para construir la acusación penal contra la maestra Gordillo Morales.

Del Toro Carazo explicó que el pasado 26 de octubre, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México concedió un amparo a la ex líder magisterial por violaciones de la PGR a los derechos humanos de Elba Esther Gordillo, por considerar que en este caso se violó su derecho a una defensa adecuada por el ocultamiento de una averiguación previa en su  contra por el delito de defraudación fiscal, pese a que su defensa presentó 26 solicitudes para conocer cualquier imputación judicial.

Agregó que el amparo concedido a su cliente también llegó a la conclusión de que la Procuraduría Fiscal de la Federación estaba obligada a notificar a Gordillo Morales de cualquier procedimiento o querella iniciada en su contra por el delito de evasión fiscal, para el efecto de que la maestra pudiera comprobar de donde provenían los ingresos que percibió en distintos periodos de tiempo.

Recordó que en la causa penal en la que ya se exoneró a la maestra, se le acusaba dedefraudar al fisco con 4 millones 394 mil pesos por concepto de ingresos que no reportó ante las autoridades hacendarias y por lo que dejó de pagar Impuesto Sobre la Renta (ISR) en el ejercicio fiscal del 2009.

Dijo que a partir de ahí, sin que se diera oportunidad a Gordillo Morales de acreditar que se le habían depositado esos recursos por concepto de viáticos y que era dinero que estaba obligada a reembolsar, se armó un proceso judicial en su contra, por lo que no le dieron la oportunidad de acreditar el origen y el destino del dinero.

Marco Antonio del Toro agregó que tanto las autoridades hacendarias como la PGR debieron notificar a su clienta del presunto desfalco al fisco, para el efecto de que Gordillo acreditara el origen del dinero, lo que se tradujo en una violación al debido proceso, a su derecho de una defensa adecuada y a la ilegalidad de todo el proceso penal que la PGR llevó en su contra.

“Se le ocultó por parte de la Secretaría de Hacienda que estaba siendo auditada, maliciosamente se le ocultó que la Procuraduría Fiscal presentó una querella en su contra por el delito de evasión y se le ocultó de forma maliciosa que la PGR la estaba investigado por el delito de defraudación fiscal, por eso se invalidó el auto de formal prisión que existía en su contra y se ordenó su libertad”, puntualizó.