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El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, acusó al gobierno federal y al titular de la Secretaría de Hacienda, José Antonio González Anaya, de cancelar la entrega de recursos para la entidad debido a la investigación por desvío de recursos que se sigue en el estado norteño y que vincula a altos funcionarios del PRI.
En conferencia de prensa, Corral refirió que González Anaya dio a entender en reuniones privadas que la entrega de recursos para el saneamiento financiero de Chihuahua se debe a la investigación contra él.
De este modo, añadió, «se le pretende imponer, al pueblo de Chihuahua, una represalia económica desde el gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto y que nos fue comunicada directamente por el Secretario de Hacienda José Antonio González Anaya».
Hay intento de estrangular económicamente al gobierno de Chihuahua», refirió Corral.
Corral explicó que el pasado 14 de diciembre, el gobierno de Chihuahua y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público suscribieron varios convenios por los que la dependencia federal entregaría al gobierno del estado recursos para varios programas de Desarrollo Regional por 44 millones 777 mil pesos, de Fortalecimiento para obras diversas de gestión legislativa por 35 millones 334 mil pesos y un convenio de fortalecimiento financiero que implica la transferencia de 700 millones de pesos a fin de que el estado cuente con recursos suficientes para concluir el ejercicio fiscal 2017.
«Desde mi llegada al gobierno de Chihuahua señalé las graves condiciones de bancarrota en las que la administración anterior, producto entre otras cosas de una corrupción generalizada e indignante, había dejado la hacienda pública», dijo Corral.
El chihuahuense indicó que como parte de las investigaciones contra la corrupción por parte de su gobierno, el pasado 20 de diciembre se dio a conocer la detención de Alejandro Gutiérrez, exsecretario General Adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. El juez de control dictó un auto de vinculación a proceso y decretado la prisión preventiva por el delito de peculado agravado por 250 millones de pesos contra Gutiérrez, por su participación en un elaborado esquema de simulación de contratos de prestación de servicios profesionales, «que nunca se realizaron y que permitió la sustracción de recursos públicos de los chihuahuenses para emplearse con fines partidistas».
Corral refirió que debido a la buena interlocución de Gustavo Madero, coordinador de gabinete del gobierno de Chihuahua, con el Secretario de Hacienda, José Antonio González, le pidió estableciera contacto de inmediato con el secretario para conocer los auténticos motivos del incumplimiento del convenio. El secretario le dijo que se había caído la recaudación y agregó «nosotros también estamos teniendo problemas para el cierre», según Corral. «Lo que no dijo el secretario de Hacienda es que la supuesta baja en la recaudación sólo afectó a Chihuahua», señaló.
Delante de mí, Madero preguntó directamente al Secretario de Hacienda: ‘a ver Pepe Toño, ¿no se está mezclando en esto otra agenda?’ El secretario contestó ‘hay que platicar, hay que platicar’. Y de ahí se convino una reunión».
Dicha reunión se llevó a cabo el pasado 4 de enero a las 18:00 horas en el despacho del secretario ubicado en Palacio Nacional. A ella asistieron el Secretario de Hacienda, José Antonio González; Miguel Messmacher, subsecretario de Ingresos; el Procurador Fiscal Max Diener e Isaac Gamboa Lozano, titular de la unidad de Política y Control Presupuestario. Por parte del gobierno de Chihuahua asistieron Corral, Madero y Arturo Fuentes Velez, secretario de Hacienda de Chihuahua.
«Ahí nos fue informado que la investigación por peculado que la Fiscalía de Chihuahua lleva a cabo, pone en entredicho el mecanismo de transferencia de recursos razón por la cual han tomado la determinación de incumplir de modo unilateral la entrega de los recursos establecidos en los convenios. Quiero señalar enfáticamente que dicho argumento carece de asidero jurídico, ya que el delito que se investiga consiste en el desvío de los 250 millones de pesos para fines distintos para el que fueron entregados. Es decir no se combate la validez del convenio sino la ilegalidad del destino», dijo Corral.
«Para nuestra sorpresa, quedó perfectamente claro en la exposición de González Anaya, que el motivo por el que nos dejaron de depositar los recursos convenidos a nuestra entidad es el desarrollo de esta investigación que se dirime en las instancias judiciales en busca de combatir la corrupción política, empleada no sólo para dañar el patrimonio de las y los chihuahuenses, sino para lastimar la equidad de la competencia electoral que es, nada menos, el principio fundamental de la competencia democrática de nuestro País».
Corral también explicó que la investigación de desvío de recursos durante el sexenio de su antecesor, César Duarte, revela «el modus operandi de la corrupción política en México, de la que toda la nación habla, con la diferencia de que nosotros lo hemos acreditado técnica y documentalmente».
Indicó que por el daño patrimonial de mil 200 millones de pesos al erario chihuahuense, existen 39 procesos penales iniciados; 30 órdenes de aprehensión libradas por los tribunales; 16 órdenes de aprehensión (10 contra del exgobernador César Duarte); 23 vinculaciones a proceso dictados por los jueces y cinco sentencias condenatorias.
«Parecería una ingenuidad asumir que las operaciones financieras que perpetró en Chihuahua no hayan sido replicadas en otros estados, pero eso no nos corresponde a nosotros investigar, ni siquiera podemos investigar el delito electoral, esto corresponde a la PGR, a la FEPADE, al Instituto Nacional Electoral. Corresponde al Congreso Federal integrar comisiones de investigación», agregó.
«No nos van a doblegar, no vamos a negociar esta investigación, ni por 700, ni por todo el presupuesto de Chihuahua, porque a la larga todo México pierde».
«¿O a alguien le parece descabellado pensar que la reacción del gobierno federal es del tamaño de su miedo a que las investigaciones de la Fiscalía de Chihuahua lleguen al corazón de un régimen que se ha caracterizado por su corrupción?», agregó el mandatario blanquiazul.
«Yo no voy a ceder ante las represalias y los amagos. Estoy listo para dar esta batalla hasta sus últimas consecuencias».
«El gobierno que encabezo no solamente no modificará esta línea, sino que avanzaremos en la investigación y documentación de casos como el referido, que dan cuenta del saqueo que la administración de César Duarte Jáquez llevó a cabo», concluyó Corral.
El gobernador chihuahuense no aclaró si ya existía una orden de aprehensión contra el exdirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, quien, de acuerdo con el abogado Antonio Collado, tramitó un amparo en contra de una posible orden de aprehensión a raíz de la investigación que se sigue sobre el uso ilegal del dinero público para impulsar las campañas de su partido en las elecciones mexicanas de 2016.
