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El gobierno de Chihuahua advirtió que, tras la negativa por parte de la Federación para entregarle recursos que fueron convenidos el 14 de diciembre, habrá de llevar el caso hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Javier Corral, mandatario de la entidad, ha señalado al presidente Enrique Peña Nieto, a través de la Secretaría de Hacienda, de haber retenido los recursos como una revancha política tras la investigación del desvío millonario de recursos que involucra a dirigentes y exlíderes del PRI nacional.
Es por ello que el gobierno de Chihuahua, anunció Corral en un comunicado, promoverá una controversia constitucional ante la SCJN para que se analice el uso del presupuesto público como mecanismo de control del gobierno federal hacia los estados o para impedir que éstos combatan la corrupción política.
En distintas entrevistas con medios electrónicos, Corral Jurado aclaró que suman 780 millones de pesos los que no han sido transferidos de la SHCP a Chihuahua, pese a ya estar convenidos desde el 14 de diciembre, con el monto mayor (700 millones) correspondiente a un fondo de saneamiento financiero que sólo ha carecido de disponibilidad para esta entidad.
“Puedo ya anunciar en este momento que vamos a interponer una controversia constitucional en contra de esta discrecionalidad de la Secretaría de Hacienda para incumplir unilateralmente un contrato, un convenio con una entidad federativa, porque es muy grave lo que está sucediendo; ellos no pueden unilateralmente decir ‘no cumplo’”, explicó Javier Corral en entrevista para Carmen Aristegui.
También dijo que ejercerá acciones legales y le tomará la palabra al presidente Enrique Peña Nieto, quien respondió ante la denuncia pública que, en todo caso, el gobernador de Chihuahua debería acudir ante las instancias correspondientes.
Corral explicó que el incumplimiento de la SHCP en los cuatro convenios debidamente firmados, merma las capacidades, competencias y facultades de su gobierno para la consecución de sus objetivos y el cumplimiento de su tarea constitucional.
“No solamente este mecanismo de control político que usa la Secretaría de Hacienda a través de una discrecionalidad como ésta de cumplir o no un convenio para tratar de controlar políticamente a los gobernadores, sino como un instrumento muy delicado que puede convertir esta discrecionalidad de cumplimiento o no para impedir el ejercicio de combate a la corrupción política en un estado”, aclaró.
“Esto es –agregó– que desde esta posición de ‘no te deposito y no te cumplo y hazle como quieras’, se impida que un estado de la República ejerza las facultades constitucionales y legales en el combate a la corrupción y a la impunidad, que está en el fondo de la posición del secretario de Hacienda en este incumplimiento”.
Además, Corral consideró que una acción así no se realiza sin la autorización del presidente de la República.
Enseguida informó que se cuenta ya con un grupo de abogados que encabezará Paulo Díez Gargari.
“Vamos a coordinar un trabajo, vamos a presentar una controversia constitucional en los próximos días y también vamos a hacer solicitudes de información sobre las distintas asignaciones que este programa hizo a las entidades federativas”, adelantó Corral.
En entrevista con Carlos Loret de Mola, el gobernador de Chihuahua dijo que ante la Corte se presentarán varios blancos de la decisión, entre ellos utilizar el presupuesto no solamente como un instrumento de control político, sino también como un mecanismo para impedir el ejercicio de una facultad y una competencia de los estados que es combatir la corrupción y la impunidad.
“Porque lo que lo está en el fondo de esta decisión –agregó Corral Jurado– es que pretenden doblegarnos, callarnos, silenciarnos; negociar una investigación que involucra a un alto funcionario del PRI, a cambio de recursos a los que Chihuahua tiene derecho como una entidad federativa que ha hecho su trabajo en materia de saneamiento financiero, de austeridad, de ahorro, de manejo escrupuloso de la información presupuestal, eso es lo que está en el fondo de la cuestión”.
El gobernador aclaró además que en un comunicado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitido el lunes por la tarde para responder su denuncia pública, esa instancia federal únicamente habló de las participaciones y aportaciones que por ley le corresponden a Chihuahua, en las cuales no se ha presentado ningún tipo de retención.
“Chihuahua ha recibido las participaciones y aportaciones conforme a la ley. Dependen de una fórmula establecida en la ley que ellos no pueden variar en modo alguno, y el aumento de las participaciones, pues se debe al incremento fundamentalmente del IEPS y también de los ingresos propios de Chihuahua, pero ese no es el tema”, indicó el mandatario.
“Esas son participaciones que le corresponden a Chihuahua por ley y están determinadas por una fórmula, no es una graciosa concesión, ni de Peña, ni de Hacienda, ni de su titular, José Antonio González Anaya, eso está establecido por la ley”, indicó Corral.
También explicó que lo que no dice el boletín de Hacienda es que no ha cumplido los convenios firmados el 14 de diciembre, correspondientes a apoyos extraordinarios adicionales dentro de un programa de saneamiento financiero que se celebra con las entidades federativas y que se suscribe siempre al final del año.
Javier Corral agregó que ese programa tiene precisamente el objetivo de ayudar a los estados a cerrar el ejercicio fiscal en términos del gasto corriente y que se ha convenido con Chihuahua en los últimos años, tal como se ha hecho con todas las entidades.
