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La víspera de las elecciones para gobernador en Coahuila, Estado de México y Nayarit, la Procuraduría General de la República (PGR) tendrá acceso a los nombres de los funcionarios y/o exfuncionarios mexicanos que participaron en la trama de corrupción internacional de Odebrecht.
El sábado 3 de junio es la fecha que puso la Procuraduría General de la República de Brasil para abrir a las fiscalías de los países implicados los archivos de su investigación sobre el escándalo que a fines del año pasado destapó la justicia de Estados Unidos.
La oficina de Raúl Cervantes y la de otros 10 países que investigan la participación en la cadena de sobornos conocerán entonces los detalles de las operaciones de la constructora brasileña para hacerse de los contratos de obra pública. La mayoría en América Latina.
La PGR no ha tenido que esperar para conocer los nombres de todos aquellos funcionarios mexicanos de los tres niveles de gobierno que participaron en la concesión de esos contratos.
El pasado 4 de abril, la PGR le pidió a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el ente autónomo de la Cámara de Diputados, toda la información sobre los contratos que ha tenido la empresa brasileña en México.
Ese fue el requerimiento preciso que de forma “urgente y confidencial” le hizo la Fiscalía de la Unidad de Investigación “C” de la Coordinación General de Investigación (CGI) de la PGR, al organismo fiscalizador que encabeza Juan Manuel Portal.
En específico, la petición es que la ASF informe “si la empresa moral Consultora Norberto Odebrecht y/o alguna de sus filiales ha tenido contratos en alguna entidad de la República Mexicana, Estatal o Municipal”.
En el caso de que así haya sido, la PGR le pidió a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior de la Federación que le hiciera entrega de “toda la documentación soporte” en copia certificada y entregarla directamente en la Unidad de Investigación y Litigación de la Coordinación General de Investigación de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la PGR.
La presencia de Odebrecht en México se remite al gobierno de Vicente Fox, cuando en 2005 la constructora brasileña ganó dos licitaciones internacionales con Pemex Refinación. Uno por 317 millones de dólares y otra por 317 millones 900 mil dólares para la reconfiguración de la Refinería “General Lázaro Cárdenas”, en Minatitlán, Veracruz.
Odebrecht compartió esas licitaciones con las empresas Minatrico, Río San Juan Construcciones y Técnicas Reunidas.
En 2014, ya en el gobierno de Peña, Pemex Refinación, ahora Pemex Transformación Industrial, le adjudicó de manera directa un contrato por mil 436 millones de pesos para obras de movimiento de tierra y conformación de plataformas en la refinaría Miguel Hidalgo, en el estado de Hidalgo.
Además, su filial Braskem ha recibido una treintena de contratos de la Comisión Nacional del Agua, de la Compañía Mexicana de Exploraciones, sectorizada a la Secretaría de Energía, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Comisión Reguladora de Energía.
Uno de los más importantes, sin duda fue la construcción del Complejo Petroquímico Etileno XXI de Pemex, en Coatzacoalcos, Veracruz. Entregado en 2011, el contrato fue para la obra más grande de su tipo en América Latina y que fue festinado por los exgobernadores Fidel Herrera y el detenido Javier Duarte.
Los contratos están comprendidos en el periodo de investigación de 2001 a 2016 que investiga la Corte Federal de Estados Unidos de Brooklyn, en Nueva York; aunque la referencia a México en la corrupción internacional es de 2010 a 2014; es decir, en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña, quienes se reunieron personalmente con el entonces dueño de la empresa Marcelo Odebrecht, ahora detenido en Brasil.
La PGR tiene nombres de sobra para identificar los sobornos. Brasil le dará más insumos. Lo que falta es una fiscalía general autónoma que funcione.
