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El Gobierno de México aclaró que la reforma constitucional no pretende controlar ni desaparecer el Poder Judicial, sino permitir que la ciudadanía elija democráticamente a jueces, magistrados y ministros, con el fin de combatir la corrupción y asegurar una justicia más imparcial. La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, destacó que la participación del pueblo en la selección de autoridades judiciales garantiza un sistema más transparente y libre de influencias externas.
En conferencia de prensa, Alcalde explicó que si el Ejecutivo buscara controlar la Suprema Corte, no habría presentado la reforma al Congreso. Además, señaló que bajo el actual sistema, cuatro ministros de la Corte concluirán su periodo entre 2024 y 2027, y la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, podría proponer a sus sustitutos, lo que cambiaría la composición de la SCJN hacia una visión más progresista.
El presidente López Obrador subrayó que la elección popular de jueces y ministros fortalecería su independencia, haciéndolos responsables solo ante la ciudadanía. Esta reforma, dijo, enfrenta oposición de quienes buscan mantener privilegios adquiridos durante el periodo neoliberal.
