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El fiscal general Jorge Winckler estimó en 3 mil 600 los desaparecidos en la entidad, pese a que en el primer trimestre del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares sólo consideraba 2 mil 400 casos.
En reunión con colectivos de desaparecidos, Winckler Ortiz expuso que ese es el número de carpetas de investigación abiertas por búsqueda de personas; sin embargo, acotó que la cifra no había sido transparentada por faltas de la administración anterior.
“El dato que se tiene hasta ahorita de manera fidedigna son de aproximadamente 3 mil 600 personas en carpetas de investigación. No es un secreto de que seguramente hay muchas más personas desaparecidas, casos que no fueron denunciados por sus familiares. Y ¿cómo lo podemos señalar? Hay un dato específico: cuando tomas muestras de perfil genético se acercan a dar su muestra muchas personas que no denunciaron, señalando que tienen un familiar desparecido”, reveló.
Winckler no mencionó cuántas de esas carpetas de investigación se abrieron ya en este gobierno, que arrancó el 1 de diciembre de 2016 y cuyos casos más emblemáticos son el de la joven Patricia Herrera y Evelyn Sifuentes, quienes tras ser “levantadas” aparecieron sin vida días después.
El caso más reciente es el de Jorge Wade, familiar de un líder petrolero, quien pudo ser rescatado sano y salvo después de un mes de haber estado secuestrado.
En conferencia de prensa, acompañado del subsecretario de Derechos Humanos y Gobernación, Roberto Campa, Jorge Winckler dijo que hoy se trabaja en transparentar la información de personas desaparecidas.
“Se checaron carpetas de investigación, se checaron en diferentes fuentes para lograr evidenciar que en carpetas e investigaciones ministeriales se arrojara este número, y fue lo que se hizo público”, dijo al mencionar los 3 mil 600 casos.
Luego señaló que ya se está realizando una investigación administrativa que podría culminar en penal para dar conocer por qué no se había transparentado la información y, si de esta investigación se deriva alguna conducta ilegal en contra de funcionarios o exfuncionarios de la FGE, se va a proceder en contra de los responsables.
“Es parte de la carpeta de investigación, en su momento si se llega a judicializar, estarán invitados a las audiencias para que conozcan como medios de comunicación”, ofreció.
El número de personas desaparecidas derivó de un avance en el tema de las muestras de perfil genético que no se procesaron, donde se desveló el trámite por el posible ocultamiento de datos y en la revisión de carpetas de investigación.
En Veracruz, cifras de la FGE dan cuenta de que hay 300 cuerpos almacenados en diversas planchas del forense de la entidad y que no han podido ser identificados, porque hay mapeos genéticos incompletos o se extraviaron documentos, entre otras inconsistencias.
El principal reclamo de los colectivos hacia la FGE y PGR ha sido el que “dinamicen” la identificación de cuerpos exhumados de fosas clandestinas de Veracruz, y en los cuales el gobierno del priista Javier Duarte de Ochoa siempre entorpecía las investigaciones o minimizaba la magnitud de los macabros hallazgos.
Una radiografía de inhumaciones ilícitas en Veracruz durante el sexenio de Duarte, preso en el Reclusorio Norte, ilustra que en 43 ciudades de la entidad se detectaron fosas clandestinas.
El mapeo de dichas fosas devela que el crimen organizado tenía cementerios clandestinos en todas las regiones de Veracruz: el Totonacapan, la Huasteca, los Tuxtlas, la región Olmeca y las periferias de las grandes ciudades.
El listado, entregado por la FGE, detalla las siguientes ciudades: Pueblo Viejo, Veracruz, Oluta, Ixmatlahuacan, Perote, Misantla, Teocelo, Coatepec, Emiliano Zapata, Tuxpan, Papantla, Acayucan, Jáltipan, Nanchital, Chinameca, Cosoleacaque, Minatitlán, Coatzacoalcos, Agua Dulce, Lerdo de Tejada, Rodríguez Clara, Isla y Alto Lucero.
Además, en Alvarado, Chontla, Moloacán, Oteapan, Tres Valles, Carlos A. Carrillo, Tihuatlán, Las Choapas, Soconusco, Mecayapan, Chicalpextle, Cosamaloapan, Chacaltianguis, Castillo de Teayo, Tampico Alto, Texistepec, Tlacotalpan, Ixtaczoquitlán, Córdoba y San Rafael.
Proceso logró documentar 20 cementerios clandestinos de norte a sur de la entidad, de los cuales la extinta Procuraduría General de Justicia (PGJ), la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y el propio priista Javier Duarte únicamente admitieron la exhumación en la mitad de los casos. Con la entrada del nuevo gobierno, la FGE admitió la existencia de 43 fosas en el sexenio anterior.
Colectivos como Familias Enlaces Xalapa y Solecito han acusado negligencias y omisiones de las autoridades, sobre todo en el manejo irregular de cuerpos no identificados (NI) arrojados a la fosa común en diversos panteones de Veracruz.
En Xalapa, en el panteón Palo Verde, colectivos de desaparecidos han dado a conocer que hubo irregularidades en el manejo de 195 cuerpos no identificados.
En Veracruz hay un asentamiento sólido de organizaciones criminales como el Cártel de Jalisco Nueva Generación (2011) y su posterior asociación con otras células criminales como el Cártel de Sinaloa y Los Ántrax (2015), así como la permanencia aislada en regiones de la entidad de células de Los Zetas.
