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El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó la iniciativa de Ley para regular la subcontratación y terminar con los abusos hacia las y los trabajadores del país.
Indicó que el mecanismo “se ha utilizado como una forma de defraudación fiscal que afecta a los trabajadores porque de esta manera les niegan sus prestaciones laborales, los despiden a fin de año masivamente y no les reconocen sus derechos laborales fundamentales, ni aguinaldo ni reparto de utilidades, nada, por este mecanismo que se creó para facilitar a las empresas los trámites de contratación de servicios”.
En conferencia de prensa matutina el mandatario firmó el documento que este día enviará al Poder Legislativo para su discusión y aprobación.
“Estamos seguros que los legisladores van a analizar a profundidad esta propuesta y en su caso podrá aprobarse y ojalá y sea lo más pronto posible”, expresó.
El jefe del Ejecutivo resaltó que cada año, en diciembre, las empresas maniobran para no cumplir con las obligaciones laborales, lo que afecta no solo a trabajadores sino también a la Hacienda pública.
“En diciembre se caen los empleos. Estamos hablando de menos 378 mil empleos. Es casi lo que se perdió en un mes de pandemia, en diciembre de 2018 y vemos 2019, lo mismo. ¿Cómo se explica eso? Es un abuso a una ley que se creó aceptando sin conceder para facilitar los trámites a las empresas, que se dedicaran a producir y que no se desgastaran en los trámites laborales, pero se abusó”, explicó.
Indicó que las grandes empresas son las que más incurren en esta práctica, a diferencia de las medianas y las pequeñas.
La secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde Luján, sostuvo que la iniciativa es una propuesta de reforma integral en beneficio de las y los trabajadores, así como empresas que sí cumplen, de los institutos de seguridad social y de la Hacienda pública.
Busca armonizar las diferentes leyes “para que no existan huecos que permitan este tipo de simulaciones”.
La reforma está integrada por modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social, Ley del Infonavit, Ley del ISR, Ley del IVA y al Código Fiscal.
La propuesta consiste en regular tres figuras: la subcontratación de personal, los servicios especializados y las agencias de colocación.
Se prevén sanciones más severas para las empresas que incumplan, se procederá por el delito de defraudación fiscal, no se permitirá que deduzcan impuestos y se impondrán multas a todas las empresas que incumplan.
“De ser aprobada por los legisladores, esta propuesta va a permitir que podamos ir construyendo un mercado laboral más equitativo, más equilibrado, más justo y más productivo”, remarcó la titular de la STPS.
Resaltó que entre las principales afectaciones de la subcontratación ilegal destacan inscripciones de trabajadores al IMSS por debajo de sus salarios reales, lo que afecta sus jubilaciones y fondos de vivienda, liquidaciones e indemnizaciones frente a despidos, licencias de maternidad e incapacidades.
Otros de los problemas son la simulación en la relación laboral, el pago de utilidades, el impedimento de la organización de los trabajadores y la negociación colectiva y la antigüedad.
Resaltó las afectaciones a la Hacienda pública, las cuales comprenden evasión de impuestos, defraudación al fisco y evasión de cuotas.
Agregó que la subcontratación ilegal genera competencia desleal al abaratar artificialmente el costo de la mano de obra, tanto por el pago a los trabajadores como por la evasión de impuestos y cuotas de seguridad social.
Al signar la iniciativa, el presidente estuvo acompañado de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján; el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto; el consejero adjunto de Control Constitucional de la Consejería Jurídica de Presidencia, Raúl Mauricio Segovia Barrios; el procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda; el director general del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez; el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez y la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro Sánchez.
