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- La titular de la Función Pública compareció ante el Pleno de la Cámara de Diputados, en el marco de la Glosa del Primer Informe de Gobierno.
- Fortalecida por el actual Gobierno, la Función Pública robusteció su vigilancia; más de 25 mil investigaciones en curso y casi 3 mil sanciones a servidores públicos hasta el 15 de octubre dan cuenta de nuestro trabajo, destaca.
La corrupción es la peor herencia de las últimas décadas, del neoliberalismo, y, pese a ello, es posible erradicarla si trabajamos juntos Ejecutivo, Legislativo y ciudadanía, planteó la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, al comparecer hoy ante el pleno de la Cámara de Diputados, en el marco de la Glosa del Primer Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
El primer gran paso es que en el Gobierno de México “la corrupción ya no se tolera”, afirmó, tras subrayar como un logro del diálogo democrático en la Cámara de Diputados los avances para transformar y fortalecer el marco jurídico en materia de rendición de cuentas, transparencia y combate a la corrupción.
Reconoció como resultado del trabajo legislativo que la corrupción vuelva a considerarse delito grave, luego de que “desde 1994 fuera vergonzosamente dejado fuera de los delitos que merecían prisión”. Abundó que ahora, además, se cuenta con una legislación para erradicar las empresas fantasma y una Ley Federal de Austeridad Republicana que prohíbe el dispendio y separa el interés público del privado.
Puntualizó que, revigorizada por el presidente López Obrador luego de su casi extinción en las administraciones pasadas, la Función Pública mejoró la vigilancia en todas la Administración Pública Federal (APF) a través de los Órganos Internos de Control (OIC), ahora transferidos a esta Secretaría y que antes dependían de cada una de las dependencias donde operaban, creando un conflicto de interés.
Destacó, además, el establecimiento de criterios claros y transparentes para conducir e integrar el Programa Anual de Auditoría, con casi 2 mil actos de fiscalización con enfoque prioritario en desempeño, revisión de procesos de adquisiciones, arrendamientos y servicios y obra pública.
Entre los resultados, mencionó observaciones por más de 46 mil millones de pesos, que estados y municipios deberán justificar o reintegrar a la Federación, en las auditorías a Programas de Desarrollo y Operación Regional, y 119 observaciones en auditorías de obra pública por más de 17 mil millones de pesos.
Recalcó que, de éstos, más de 16 mil millones de pesos se concentran en 69 observaciones vinculadas al Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en Texcoco, por pagos injustificados, sobreprecios, mala calidad de la obra y vulneración de las especificaciones convenidas en los contratos.
En el combate a la impunidad, expuso que se acabó con la simulación burocrática y se fortaleció la investigación y la sanción rápida, lo que ha generado una mayor confianza de la ciudadanía y, por ende, un aumento en las denuncias, de las cuales se recibieron, hasta el 15 de octubre, más de 30 mil 600, que han dado lugar a más de 25 mil investigaciones en curso y a 5 mil 510 ya concluidas.
Detalló que se han impuesto casi 3 mil sanciones a servidoras y servidores públicos, entre las que destacan 925 inhabilitaciones, 179 destituciones y 256 sanciones económicas, mientras que, en el ámbito privado, se han aplicado 187 sanciones y multas por más de mil 400 millones de pesos a licitantes, proveedores y contratistas que cayeron en irregularidades en los procesos de compra o contratación.
Abundó que la Función Pública ejecuta un plan de acción basado en cinco ejes, que comienzan con la austeridad republicana que, contraria a la austeridad neoliberal, acaba con los derroches en el gobierno, privilegia el gasto sustantivo y libera recursos para promover la justicia social y aumentar la inversión gubernamental.
Estableció que un primer ahorro se dio con la reducción de ingresos en los altos mandos del Gobierno federal en el que se fijó un tabulador con disminuciones de entre 12% y 47%.
Sandoval Ballesteros destacó que al mes de octubre se han eliminado en toda la APF más de 8 mil 800 plazas de mando y enlace, con un ahorro de casi 5 mil millones de pesos, sin afectar a trabajadores operativos y de menos ingresos que son 92 de cada 100 empleados del Gobierno federal.
“La austeridad no ha quitado un solo peso a los programas de bienestar, al contrario, ha eliminado el dispendio para fortalecerlos. De hecho, el artículo 7 de la Ley Federal de Austeridad prohíbe afectar negativamente los derechos sociales de los mexicanos previstos en la Constitución en materia de educación, salud, y bienestar social”, advirtió.
Señaló como otro eje estratégico la ciudadanización de la lucha contra la corrupción y mencionó que, con acciones como el Padrón de Integridad Empresarial y el Programa de Alertadores Ciudadanos Internos y Externos de la Corrupción, entre otras, subió la confianza de la población en el Gobierno, y así lo muestra el Barómetro Global de la Corrupción, elaborado por Transparencia Internacional, según el cual 61% de la ciudadanía avala que el Gobierno está actuando “bien” y “muy bien” en la lucha contra la corrupción.
“En 2017, en contraste, sólo el 24% de los encuestados consideraron que el gobierno de Enrique Peña Nieto actuaba así. La diferencia en la evaluación de estos dos presidentes fue de 37 puntos porcentuales y eso es un salto histórico en la valoración positiva de la ciudadanía”, expresó.
Las otras líneas rectoras de la Función Pública en su nueva etapa son la protección mediante confidencialidad, acompañamiento y respuesta rápida a denunciantes en el programa Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción, en cuya plataforma tecnológica se han recibido más de 2 mil 400 denuncias desde el 25 de julio, cuando se instaló.
Otro eje es relanzar el Servicio Profesional de Carrera con perspectiva de género para construir, de una vez por todas, un servicio civil incluyente, competente y basado en el mérito, sin segregación en las estructuras orgánicas ni sesgos en los perfiles de puesto para erradicar estereotipos de género. Destacó que en la Función Pública se aseguró ya el reclutamiento bajo principios de no discriminación y desde diciembre de 2018 logró la paridad de género en sus contrataciones de altos mandos.
Tras considerar necesario reformar la Ley del Servicio Profesional de Carrera expedida hace más de 15 años, anunció el próximo envío a la Cámara de Diputados de una propuesta “para que juntos podamos enriquecerla y avanzar en el diseño de una capacitación y formación por competencias porque necesitamos servidores públicos profesionales, éticos y comprometidos con el interés general”.
Como quinta estrategia habló de la democratización de las tecnologías “para fortalecer la transparencia, la participación y la rendición de cuentas”, objetivo en el que inscribió el Portal Nómina Transparente donde se puede consultar el ingreso bruto y neto de más de 1.4 millones servidores públicos del Gobierno Federal y casi 2 millones de maestros en la nómina federalizada.
Ante el pleno de la Cámara de Diputados, la secretaria Irma Eréndira Sandoval Ballesteros ratificó el compromiso y trabajo de la Función Pública “para eliminar el abuso del poder, los conflictos de interés “y esa corrupción estructural que tanto daño ha hecho a nuestra patria. Si la corrupción es la mayor enfermedad de nuestro país, de nuestra patria, tiene su mejor cura también en la democracia”, concluyó.
