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Los embajadores de México en retiro Sergio J. Romero Cuevas, Francisco Correa Villalobos y Enrique A. Romero Cuevas criticaron la posición que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a cargo de Luis Videgaray, ha tomado ante la crisis interna de Venezuela y llamaron al Senado de la República a intervenir para garantizar la integridad jurídica de la política exterior mexicana.
En una carta dirigida al Senado, los diplomáticos aseguraron que las actuaciones del secretario Luis Videgaray, la subsecretaria Socorro Flores y el representante permanente ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Alfonso de Alba, en las últimas sesiones del Consejo Permanente de dicha organización y de su última Asamblea General en Cancún, no han sido bien vistas, sino que:
“Han recibido duras y justificadas críticas de parte del gobierno venezolano y de otras naciones latinoamericanas y caribeñas, extrañadas de un proceder totalmente contrario a la tradición moral, constitucional y de respeto al derecho internacional de nuestra política exterior, invariablemente aplicada durante más de 150 y al espíritu latinoamericanista que la ha distinguido”.
Los jubilados del Servicio Exterior Mexicano aseguraron que, con la posición adoptada ante la crisis venezolana, el Poder Ejecutivo violó la obligación de observar los principios de autodeterminación de los pueblos y la no intervención de los que habla el artículo 89 fracción X de la Constitución Política mexicana, así como la norma de derecho internacional reconocida como tal por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en el caso del segundo.
Agregaron que también se han violado los principios del derecho internacional de respeto a la soberanía de los Estados y de igualdad soberana marcados en la Carta de las Naciones Unidas y en la de la OEA.
“A la luz del derecho internacional, está fuera de toda norma la declaración del representante permanente de México ante la Organización de Estados Americanos Embajador Luis Alfonso de Alba, cuando dijo el 24 de julio de 2017, que ‘con absoluto respeto a la soberanía de Venezuela… insistimos que no puede ni debe invocarse el principio de no intervención para justificar alteraciones al orden democrático’”.
Dicha política, continuaron, no solo viola el artículo 89 X de la Constitución y el derecho internacional, sino que “implícitamente admite a priori una intervención extranjera en México si se ejerce el derecho establecido en el artículo 39 constitucional y en el artículo 3 de la Carta de la OEA”.
Los embajadores en retiro comentaron que, como justificación de las medidas políticas, y ahora económicas contra Venezuela, se ha invocado la aplicación de la resolución de la Asamblea General de la OEA, llamada Carta Democrática Interamericana, “un documento que carece de fuerza obligatoria porque no tiene las características que el derecho internacional de los tratados establece para crear obligaciones a los Estados”.
Incluso, aclararon que, “aun suponiendo, sin conceder, que Venezuela hubiera asumido como obligatorios los compromisos que fija la Carta Democrática, no justificaría que otros Estados (como los de la Declaración de Lima -firmada por México-) tengan el derecho de verificar su cumplimiento y aplicar dicha Carta, ya que el compromiso se habría contraído frente a la OEA y no ante dichos Estados y la Organización fue incapaz jurídicamente de aplicar esa Carta en las últimas sesiones del Consejo Permanente de la OEA y en su Asamblea General celebrada en Cancún”.
Contrario a tradición constitucional
Según los diplomáticos inconformes, esta “nueva política exterior” data del sexenio de Ernesto Zedillo y continuó en los de Vicente Fox y Felipe Calderón, apoyados por opiniones de intelectuales y funcionarios de la SRE que han argumentado que los principios constitucionales en la materia deben “modernizarse” o que deben ser “flexibles”.
Ello se ha hecho, añadieron, “sin tomar en cuenta que el presidente de Estados Unidos ha amenazado con usar la fuerza contra México en la actual administración federal su inobservancia ha sido llevada a una insólita e injustificada tensión con un país hermano que ha mantenido relaciones de cordialidad y cooperación con el nuestro”.
Por estos motivos, aseguraron que las actuaciones de Videgaray, Flores y De Alba han sido “de un proceder totalmente contrario a la tradición moral, constitucional y de respeto al derecho internacional de nuestra política exterior, invariablemente aplicada durante más de 150 años y al espíritu latinoamericanista que la ha distinguido”.
Romero Cuevas, Correa Villalobos y Romero Cuevas recordaron que el pasado 27 de febrero, el canciller Videgaray pidió al Senado que prestara su concurso en la formulación de una política exterior de Estado.
Luego, se dijeron convencidos de que el Senado de la República “debe erigirse como garante de la integridad jurídica de la política exterior e impedir que a nombre de México se implemente una política que atenta contra normas y principios de elemental convivencia internacional aceptados universalmente, que puede revertirse contra los intereses de seguridad nacional de México”.
Por último, consideraron que el Senado “tiene la capacidad para interpelar al Poder Ejecutivo en materia de política exterior y, creemos, que ésta es una oportunidad única de hacerlo para que el presidente y su secretario de Relaciones Exteriores expliquen el verdadero motivo de una actuación carente de toda licitud en el caso de Venezuela”.
