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El gobernador Jaime Rodríguez El Bronco anunció que planea privatizar los servicios penitenciarios de la entidad, y adelantó que sólo recibirá a reos nuevoleoneses en las cárceles locales.
Luego de señalar que desaparecerá el viejo penal de Topo Chico, ubicado en la zona metropolitana, Rodríguez Calderón aseguró que ya renegocia con la Secretaría de Gobernación que se reactive el Centro de Readaptación Social ubicado en Mina, que quedó inconcluso en la administración pasada.
En conferencia de prensa, el mandatario estatal informó que en los próximos días viajará al estado de Luisiana, al sur de Estados Unidos, para reunirse con empresarios que lo invitaron a conocer los centros penitenciarios de esa entidad, y dijo que estudia la posibilidad de incorporar un esquema de penales privatizados en Nuevo León.
“Tengo una gira para ver varios esquemas. Fui invitado por unos empresarios americanos que quieren mostrarnos esto. Van a ir conmigo el procurador (Roberto Flores), el secretario de Seguridad (Cuauhtémoc Antúnez) y el secretario de Obras Públicas (Humberto Torres). Nos van a mostrar el concepto. Probablemente podamos encontrar una forma para hacer un esquema parecido”, destacó sin ofrecer mayores detalles.
Asimismo, explicó que el presupuesto estatal para 2016 no contempla una partida para reactivar la construcción de la penitenciaría de Mina, que inicialmente tuvo un costo de mil 200 millones de pesos, de los cuales la federación aportó 400 millones.
Luego de precisar que en los tres penales de la entidad –Topo Chico, Cadereyta y Apodaca– hay alrededor de 8 mil internos, Rodríguez Calderón adelantó que un buen número de ellos serán liberados mediante el subsidio que aportará su administración para cubrir las fianzas que muchos no pueden pagar.
Y, sin detallar cantidades, estimó que el cupo de custodios es de 60% y esperan reclutar 40% más en los próximos meses.
“No tenemos custodios, no tenemos dinero para estar sosteniendo un penal de esa manera. El penal de Topo Chico está sobresaturado y tenemos muchos reos federales que no deben estar aquí; estamos haciendo negociaciones para resolver los problemas”, abundó.
De igual manera, señaló que la construcción del inmueble penitenciario en el municipio de Mina, 50 kilómetros al norte de la capital, es objeto de una investigación de parte del gobierno del estado para detectar actos de corrupción en los trabajos que se efectuaron ahí para construir únicamente una barda perimetral.
