Definen secretarios del trabajo estrategia para la implementación del Nuevo Modelo Laboral

  • Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social urgió a los funcionarios estatales a hacer un diagnóstico en las juntas de conciliación locales para tener una proyección de cuántos recursos se necesitarán en la implementación
  • No se va a mal gastar ni un solo peso en la implementación del nuevo modelo laboral, dijo la secretaria
  • Se elaboró la Estrategia Nacional para la Implementación del Sistema de Justicia Laboral basada en nueve áreas de acción

En la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Laboral no se va a mal gastar ni un solo peso, aseguró Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) durante la segunda reunión de secretarios de Trabajo y homólogos de los Gobiernos estatales 2019.

Al encabezar el encuentro para dirigir esfuerzos conjuntos en la transformación del mundo laboral, en el salón Murillo, del hotel Sevilla Palace, Alcalde Luján informó a sus homólogos estatales que la transición se hará bajo la política de austeridad con la que ha actuado el Gobierno de México, encabezado por Andrés Manuel López Obrador.

La encargada de la política laboral urgió a los funcionarios estatales a hacer un diagnóstico en las juntas de conciliación locales sobre las cargas laborales que presentan, para tener una proyección de cuántos recursos se necesitarán en la implementación y al mismo tiempo a comenzar a operar las acciones que no requieren recursos adicionales y se implementarán este mismo año.

“Tenemos que ser muy claros en identificar qué partes de la implementación requieren de presupuesto y qué partes no, porque pensar que yo no puedo hacer nada porque no ha quedado claro lo del presupuesto no nos ayuda. Hay muchas cosas que podemos ir avanzando y que justamente son las herramientas que necesitamos para poder proyectar un presupuesto”, agregó.

Alcalde Luján reconoció que es muy difícil caminar al mismo tiempo en la implementación de la reforma en cada uno de los estados, debido que cada una de ellas presentan condiciones particulares. Ante eso la secretaría del trabajo establecerá parámetros uniformes, de tal manera que haya certeza jurídica para los trabajadores.

Acompañada del subsecretario del Trabajo, Alfredo Domínguez Marrufo, recordó que a partir de la publicación del Nuevo Sistema de Justicia Laboral en el Diario Oficial de la Federación el pasado 1 de mayo, se construyeron los cimientos de un nuevo modelo laboral para nuestro país y ahora corresponde a las instancias responsables y a los sectores involucrados, materializar los cambios que implica la nueva legislación.

Para instrumentar el nuevo modelo laboral en el orden federal y local de forma eficaz y oportuna, a través de la conducción del Consejo de Coordinación, dijo, se elaboró la Estrategia Nacional para la Implementación del Sistema de Justicia Laboral basada en nueve áreas de acción: normatividad y armonización legislativa, la creación e instalación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, la instrumentación de organismos públicos descentralizados en las entidades federativas.

Así como la transferencia y digitalización de expedientes, la creación y entrada en funciones de los tribunales laborales, la conclusión de los asuntos en trámite pendientes de resolución, la profesionalización en materia de justicia laboral, los procedimientos para garantizar la democracia sindical y la negociación colectiva auténtica, y la perspectiva de género.

Luisa María Alcalde dijo que dentro los plazos que se establecieron, a partir de la publicación del Nuevo Sistema de Justicia Laboral, para noviembre de este año estará lista la ley orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL); en ocho meses los sindicatos deben modificar sus estatutos para que se adecuen a las nuevas reglas democráticas y en 120 días, a partir del 1 de mayo, la emisión del protocolo para la legitimación de contratos colectivos que habrán de realizar empresas y sindicatos, lo que terminará con los contratos de protección y las extorsiones a empresarios.