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La periodista Carmen Aristegui increpó hoy al presidente Enrique Peña Nieto acerca de que las tentativas de espionaje gubernamental contra activistas y periodistas realizadas entre 2015 y 2016 alcanzaron a su propio hijo, entonces menor de edad: “¿Para qué quería la información de un adolescente?”, preguntó al mandatario, al añadir “¿de qué más es capaz, presidente siniestro?”.
Esta mañana, después de la revelación de 12 nuevos casos de activistas y periodistas que recibieron mensajes de texto infectados con el programa espía Pegasus, organizaciones defensoras de los derechos humanos interpusieron una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR), con el fin de que esta dependencia investigue “a profundidad” el uso que el gobierno federal destina a estos programas malignos.
En una conferencia de prensa, urgieron que llegue a México un grupo de expertos para dar seguimiento a la investigación, al estilo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
El GIEI coadyuvó en la investigación de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa y evitó que el gobierno federal cerrara el caso con su llamada “verdad histórica”.
Las víctimas reiteraron el llamado de la sociedad civil a que el gobierno federal haga públicos los contratos que distintas dependencias celebraron con empresas desarrolladoras de programas espías, con el fin de conocer a detalle el sistema de espionaje gubernamental que opera en México.
John Scott Railton, integrante del Citizen Lab, una institución académica adscrita a la Universidad de Toronto, Canadá, que rastrea y exhibe los programas espías desde hace años, insistió en que por lo general los gobiernos que emplean estos malwares son “autocráticos” e incluso “casi dictatoriales”.
Tomó el ejemplo de Etiopía, los Emiratos Árabes Unidos o países del Medio Oriente, pero recordó que México era en 2015 el cliente más importante de la empresa israelí NSO Group, la cual creó el programa Pegasus.
“La ausencia de un sistema de control fuerte y de una adecuada rendición de cuentas abre la puerta a los abusos”, añadió el canadiense.
Silencio
Pese que el New York Times desplegó en primera plana el reportaje sobre los nuevos casos de espionaje y que la prensa mexicana retomó abundantemente la noticia, el silencio del gobierno federal fue casi absoluto.
La única comunicación oficial consistió en una carta que Daniel Millán Valencia, director general de Medios Internacionales de Peña Nieto, envió a los editores del periódico estadunidense.
En esta carta, la Presidencia de la República negó la existencia de “prueba alguna de que agencias del gobierno mexicano sean responsables del supuesto espionaje descrito en su artículo”.
Arely Gómez, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), se encontraba hoy en Cancún, Quintana Roo, donde asistió a actos paralelos a la cumbre de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y no emitió pronunciamiento sobre el espionaje.
La responsabilidad de Gómez es doble: la SFP no investigó las evidencias de espionaje gubernamental contra defensores del derecho a la salud que fueron exhibidas en febrero pasado, y además la funcionaria estaba a cargo de la PGR cuando se emitieron los mensajes infecciosos a las víctimas.
Esta dependencia es, junto con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el Centro de Investigaciones en Seguridad Nacional (Cisen), una de las instituciones que es cliente comprobado de la empresa NSO, y en julio de 2015 Proceso evidenció que Tomás Zerón de Lucio, entonces a cargo de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), pretendió centralizar en la PGR el sistema de ciberespionaje de las procuradurías locales.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de los Datos Personales (INAI), un órgano autónomo que podría investigar de oficio lo ocurrido en las tentativas de espionaje –es garante de los derechos a la privacidad–, tampoco emitió comunicado al respecto.
Sin embargo, el informe que publicó hoy la Red por la Defensa de los Derechos Digitales (R3D) demuestra que instancias del gobierno federal estuvieron detrás de las tentativas de espionaje.
El informe plantea que, entre 2015 y 2016, tres integrantes del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro ProDH), los periodistas Carmen Aristegui –y su hijo Emilio–, Rafael Cabrera, Sebastián Barragán, Carlos Loret de Mola, Salvador Camarena y Daniel Lizárraga, así como los activistas Alexandra Zapata y Juan Padiernas –integrantes del Instituto Mexicano por la Competitividad (Imco)–, recibieron mensajes de texto que contenían un enlace hacia un servidor de NSO Group.
Al dar clic en el enlace, el programa Pegasus se instala de manera indetectable en los dispositivos móviles de las víctimas, y toma el control de los aparatos. El celular se convierte, prácticamente, en un dispositivo espía.
Durante la conferencia de prensa, Luis Fernando García, director de la R3D, recordó que NSO Group sólo vende sus productos a agencias gubernamentales, e insistió en que las fechas de recepción de los mensajes coinciden con tiempos en los que los activistas y periodistas “molestaban” al gobierno federal.
Las múltiples tentativas de infección del equipo de Aristegui se llevaron a cabo en fechas cercanas a la publicación de ciertos reportajes, entre ellos la revelación de la Casa Blanca de la pareja presidencial, así como trabajos periodísticos realizados en colaboración con Proceso, entre ellos sobre las ejecuciones extrajudiciales en Apatzingán o los Panama Papers.
Los mensajes malignos que recibió Loret de Mola coincidieron con sus reportajes sobre la ejecución extrajudicial en Tanhuato, Michoacán, mientras las de los integrantes del Imco llegaron a la par de su cabildeo para reforzar la legislación anticorrupción y aprobar la ley “3de3”.
“No podemos tolerar el espionaje ilegal”, insistió Mario Patrón, director del Centro Pro, que asume el seguimiento de los 43 de Ayotzinapa y logró que el GIEI llegara a México, y también representa a una víctima de la masacre de Tlatlaya.
El mismo centro llevó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanas el caso de las violaciones de 11 mujeres de San Salvador Atenco, las cuales fueron perpetradas durante la represión de las manifestaciones contra el proyecto de nuevo aeropuerto desatada por el gobierno de Enrique Peña Nieto, entonces gobernador del Estado de México.
Ante la instancia interamericana, “el gobierno (federal) de Peña Nieto tendrá que determinar si el mismo Peña Nieto actuó en violación a los derechos humanos”, recordó el activista.
En todos estos casos, aseveró Patrón, el principal interesado era el gobierno federal, y los mensajes con vínculos infecciosos que los integrantes del Centro ProDH recibieron coincidieron precisamente con avances o nuevos acontecimientos en estos casos.
Patrón añadió que el centro sufrió ataques de la “vieja” y de la “nueva” escuela: sus integrantes recibieron amenazas de muerte por redes sociales, a la par de que personas desconocidas les han seguido y tomado fotografías.
Los periodistas Daniel Lizárraga y Salvador Camarena, por su parte, insistieron en el peligro que representa el espionaje para la protección de las fuentes, la cual es esencial para la labor periodística.
“No somos los únicos”, subrayó Camarena y, dirigiéndose a la audiencia –conformada por periodistas, activistas e integrantes de instancias internacionales–, añadió: “Más de uno de ustedes recordará haber recibido un SMS como estos (…) ojalá y más se sumen y se acerquen con quienes realizaron el informe”.
