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Luego de que la iniciativa privada exigió y presionó al Congreso para aprobar las leyes anticorrupción, el Senado reviró con un ajuste legal que obliga a los empresarios a presentar su 3de3 como si fueran servidores públicos.
En una reserva de último momento introducida la madrugada de ayer, los legisladores impusieron esa nueva obligación a las personas físicas y morales cuando firmen contratos para obras o servicios con el sector público.
«Están obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración de situación patrimonial y de intereses ante las secretarías u órganos internos de control cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o contrate bajo cualquier modalidad con entes públicos de la federación», se indica en el artículo 32 de la Ley de Responsabilidades.
«Las personas físicas que presten sus servicios o reciban recursos de las personas morales a que se refiere la fracción anterior. Asimismo deberán presentar su declaración fiscal anual, en los términos que disponga la legislación en la materia».
En el artículo 73 se considera como falta que los particulares no presenten sus declaraciones o falseen datos a fin de ocultar el incremento de su patrimonio o el disfrute de bienes y servicios sin justificación.
En el artículo 81 se busca sancionar a los participantes o responsables de operar empresas pantallas que, teniendo los mismos socios mayoritarios, operan como redes para cometer actos de corrupción, evadir impuestos o lavar dinero.
Miguel Barbosa, coordinador de los perredistas, dijo que la propuesta fue fraguada por la bancada del tricolor.
«Lo hizo el PRI, y claro que es una reacción del PRI, de la clase política del PRI al sector privado para que entren dentro de las cuerdas del poder», señaló.
El también perredista Zoé Robledo consideró que la nueva obligación a los empresarios es casi una amenaza.
«Es un mensaje político del PRI para decirles: ‘Bájenle’. Es un mensaje grotesco como para decirles: ‘Son parte de esto. No se hagan. Y vamos por ustedes’. Hay que recordar que la Coparmex fue una pieza clave para conseguir las firmas de apoyo a la iniciativa 3de3», indicó.
Exigen a ciudadanos lo que ellos ocultan
Mientras la información personal de los ciudadanos es cada vez más pública y se comparte con autoridades fiscales y financieras de otros países, los legisladores rehúyen presentar datos mínimos de sus actividades a través de la Ley 3de3.
Con la entrada en vigor de la factura y contabilidad electrónica, el SAT conoce en tiempo real las actividades económicas de los mexicanos.
Y, a través de la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras (FATCA, por sus siglas en inglés), el Gobierno conoce las cuentas bancarias en EU de connacionales, las ganancias que han tenido por esas inversiones y los movimientos financieros realizados.
En contraste, los senadores rechazaron que se hagan públicas las declaraciones patrimoniales, de impuestos y de intereses de los funcionarios.
