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La administración de Enrique Peña Nieto ha resultado la más letal para los defensores del territorio y el medio ambiente, destaca una investigación de campo de la organización internacional Global Witness, que ha documentado al menos 44 ejecuciones desde 2010, ocho de ellas cometidas durante los primeros meses de 2017.
Coordinada por Ben Leather y bajo el auspicio de Brigadas Internacional de Paz (PBI), la investigación revela que México se encuentra entre los países más peligrosos del mundo para los defensores del medio ambiente.
Global Witness, que documentó 200 asesinatos de ambientalistas cometidos en varios países en 2016, puntualizó que en México el incremento de la violencia contra los defensores se ha agudizado desde que el gobierno de Felipe Calderón declaró la guerra contra el narcotráfico, pero además ha sido alentada por la impunidad en la que permanecen los ataques.
La organización ha documentado 33 asesinatos de defensores de 2010 a 2015, y otros 11 entre 2016 y 2017, ocho de ellos en los primeros cinco meses del año que acaba de concluir.
Al retomar reportes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que ubican a los estados de Chihuahua, Guerrero y Oaxaca como los más peligrosos para los defensores desde 2011, la organización internacional señala que “las amenazas y los ataques contra la integridad física y psicológica continúan siendo los ataques más frecuentes contra las personas defensoras”.
Por su parte, la Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todos (Red TDT), documentó 302 agresiones contra defensores, que van desde amenazas hasta ejecuciones extrajudiciales, entre 2012 y 2016.
Agrega que “entre junio de 2016 y mayo de 2017 se registraron 11 ejecuciones extrajudiciales de defensores de la tierra, y que las organizaciones de derechos humanos registran un alarmante “incremento de esta grave violación a los derechos humanos en la actual administración política”.
Durante el gobierno de Peña Nieto, puntualiza el documento, “la criminalización se consolida igualmente afectando especialmente a este grupo de defensores y defensoras (ambientales), desde el uso indebido del derecho penal hasta otras formas de criminalización como las difamaciones, el hostigamiento o la vigilancia”.
El informe, de 72 fojas, resalta que pese a la reforma constitucional de 2011, que ubica el respeto a los derechos humanos en el primer artículo de la Carta Magna, así como la creación de instancias como el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras y Periodistas, éstas son sólo “medidas reactivas, sin abordar la problemática de la impunidad de los ataques”.
El documento de Global Witness considera los impactos de los proyectos económicos sobre el tejido social como orígenes de los abusos a defensores de la tierra, el territorio y el ambiente.
Entre los proyectos económicos que mayores impactos sociales han causado en las comunidades indígenas y rurales en México, destacan los relacionados con minería, con la generación de energía (hidroeléctricas, eólicas, gasoductos y minería de carbón), así como de infraestructura y turísticos.
El reporte advierte asimismo sobre la discriminación ancestral de los pueblos originarios y la falta de consulta con ellos sobre los impactos de los proyectos económicos sobre su desarrollo cultural.
Global Witness recuerda que en 2016 el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU vino al país y, en su informe, recomendó al Estado mexicano que protegiera mejor a los defensores de derechos humanos y los periodistas, “en vista de la generalización de las agresiones y los casos de intimidación contra las personas que defienden sus derechos”.
Destacó que ese mismo año el relator especial de la ONU para defensores de derechos humanos calificó el trabajo de los ambientalistas y defensores de la tierra una “valiosa labor”, por contribuir al respeto a los derechos humanos, incluidas las consecuencias de “la negativa a reconocer el derecho de los pueblos a la libre determinación y el derecho de todos los pueblos a ejercer plena soberanía sobre su riqueza y sus recursos naturales”.
El mismo relator de la ONU reconoció en 2017 que los “defensores que trabajan en el ámbito de empresas y derechos humanos sufren cada vez más ataques”.
Para evidenciar los riesgos a que se enfrentan los defensores de la tierra, el territorio y el medio ambiente, el informe de Global Witness expone casos de resistencia en la Sierra Tarahumara, en Pasta de Conchos, en Guerrero, Xochicuautla y en el Istmo de Tehuantepec.
Además, Global Witness y PBI formula una serie de recomendaciones al gobierno mexicano a fin de que “tome medidas para prevenir los ataques en contra de personas defensoras de derechos humanos y atienda el problema de la impunidad de agravios” en su contra.
Entre las sugerencias destacan la firma y ratificación del Protocolo Opcional del Convenio sobre derechos económicos, sociales y culturales; promover una campaña de reconocimiento de personas defensoras de derechos humanos y su labor; instalar fiscalías o unidades especializadas para perseguir los delitos cometidos contra personas defensoras y sancionar a funcionarios públicos que desacrediten y deslegitimen a defensores.
De igual forma, recomendó fortalecer el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras y Periodistas, así como de garantizar la consulta y consentimiento libre, previo, informado y culturalmente adecuado a los pueblos y comunidades indígenas, entre otras medidas.
