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Académicos, politólogos y expertos, coinciden que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha colocado a sus cercanos operadores y de mala fama en puestos clave para la elección de 2018 y, alimenta la sospecha de que se prepara para un fraude electoral.
No sólo son los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), que en las elecciones de este año en el Estado de México y Coahuila fueron incapaces de probar los rebases de tope de campaña denunciados por la oposición; y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que resolvieron a favor del PRI en el caso de Coahuila, sino que son los fiscales encargados de perseguir los delitos electorales.
Y lo son también personajes “impresentables”, ligados precisamente a los presuntos fraudes electorales en el Estado de México y Coahuila: los ex gobernadores Eruviel Ávila Villegas, ahora en la campaña del precandidato presidencial del PRI, José Antonio Meade; y Rubén Moreira Valdez, secretario de Acción Electoral del CEN priista, dijeron.
“Esa sería una lectura: que pase lo que pase ellos van a ganar. La nueva Ley de Seguridad Interior utilizarla de manera quirúrgica en aquellos lugares donde el voto en contra será abrumador para causar miedo en la población y que se quede en sus casas. En el INE contender la fiscalización. Puede ser tan burdo, grosero y desvergonzado, no sé si la comunidad internacional vaya a poder digerir un fraude de ese tamaño. Aunque si el Gobierno de Estados Unidos tiene un visto bueno con el PRI para que se cometa un fraude, vamos a ver un conflicto post electoral muy grande. Si a eso le están apostando, están jugando con fuego”, dijo Virgilio Bravo Peralta, director del Centro de Negociación, Mediación, Conciliación y Arbitraje (CENCA) del Instituto Internacional de Estudios de Derecho y Jurisprudencia (IIEDJ).
Sobre la inclusión de Eruviel Ávila a la campaña de Meade y de Rubén Moreira al CEN del PRI, el investigador indicó que ambos políticos son “impresentables”.
El jueves el PRD alertó que la posible llegada de Rubén Moreira Valdez a la Secretaría de Acción Electoral del PRI confirma el plan del tricolor para el robo de votos en 2018. Por los antecedentes de los hermanos Humberto y Rubén Moreira en Coahuila, se “perfila que estarán dispuestos a todo, con tal de quedarse en el poder en el 2018”, consideró.
En la ecuación hay personajes en el INE ligados directamente con el precandidato priista como el caso de Lizandro Núñez Picazo, nombrado por el Instituto titular de la Unidad Técnica de Fiscalización.
Nuñez Picazo fue nombrado por los mismos consejeros que permitieron que en 2017 el priista Alfredo del Mazo arribara a la gubernatura del Estado de México, pese a las múltiples denuncias.
“El talón de Aquiles [del INE] es la fiscalización. Por ejemplo, en el Estado de México hubo un empleo de programas sociales evidente con fines proselitistas y denuncias en contra de la campaña de Alfredo del Mazo Maza. El INE fijó como tope de gasto de campaña de Alfredo del Mazo 169 millones de pesos, algo irrisible porque ahí se emplearon algunos miles de millones de pesos relacionados con la compra y coacción del voto. Entonces, en materia de fiscalización el INE es insuficiente, deficiente; esto es muy mala noticia de cara a las elecciones de 2018 en donde no sólo habrá comicios en tres estados, sino en todas las entidades federativas”, alertó en agosto en entrevista Eduardo Huchim May, experto en el sistema político mexicano y ex consejero en el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF).
Huchima May explicó que la actuación del INE en 2017 recordó la de su antecesor, el IFE, cuando falló al momento de fiscalizar la campaña electoral presidencial de Peña Nieto en 2012.
“Hubo un gasto descomunal en la campaña de Peña Nieto y el IFE determinó que la campaña costosísima, ostentosísima, costó menos que la relativamente modesta campaña de Andrés Manuel López Obrador. Eso lo hizo el IFE, ahora el INE hizo lo mismo en el Estado de México; entonces, el INE en lugar de ser una solución, es parte del problema”, explicó Huchim.
En el caso de Núñez Picazo destaca que fue subordinado de José Antonio Meade en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP), y aún así fue elegido por los consejeros.
Mientras que Héctor Marcos Díaz Santana fue votado en el Senado como titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) en sustitución de Santiago Nieto Castillo.
Díaz Santana fue elegido con 92 votos a favor, siete en contra y cuatro abstenciones. Impulsado principalmente por el PAN y el PRD. El nuevo Fiscal tiene en su historial que fue coordinador de asesores de María de los Ángeles Fromow, ex titular de la Fepade, y de ser uno de los principales artífices de darle carpetazo al escándalo del “Pemexgate” en el 2000.
“Yo creo que el PRI va a tratar de repetir la estrategia que hizo en el Estado de México y en Coahuila. Al Fiscal no lo conozco, pero si los senadores de oposición votaron por él sabiendo que es cercano al PRI, se dieron un tiro en la cabeza”, dijo José Antonio Crespo Mendoza, profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas Indicaciones (CIDE).
Salvador Mora Velázquez, politólogo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), agregó que aunque no hay elementos para afirmar que se prepara un fraude electoral desde las filas del PRI, los perfiles de los funcionarios que están llegando a puestos clave tienen un “perfil estrecho con el PRI”.
“Apelar a estas experiencias como Eruviel Ávila y Rubén Moreira, dos expertos en ciertas prácticas dentro del PRI, dan mucho a sospechar y advertir. Ese es el equipo de Meade, ahora hay que preguntarse con qué cuenta la oposición para frenar a este tipo de mapaches, de actores que se volvieron expertos en manipulación electoral”, advirtió.
