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Lejos de enfrentar de manera directa las acusaciones que pesan en su contra, la ex secretaria de Bienestar Social, y panista Yahleel Abdala Carmona, continúa recurriendo a trucos legales que han terminado por retrasar el avance de los procesos judiciales abiertos en su contra por presuntos hechos de corrupción.
Andrés García Repper Favila, titular de la Fiscalíaz Especializada en Combate a la Corrupción de Tamaulipas, dijo que las constantes solicitudes promovidas por la defensa de la ex funcionaria han provocado aplazamientos que han impedido que el caso avance con la celeridad esperada.
“La imputada ha presentado argumentos relacionados con cuestiones médicas y posteriormente promovió un cambio de asesor jurídico, recursos que obligan al órgano jurisdiccional a conceder plazos adicionales para que la defensa conozca los expedientes” señaló tras indicar que los jueces tienen que garantizar sus derechos al debido proceso
García Repper Favila explicó que, aunque estas acciones generan la percepción de que el proceso se encuentra detenido, en realidad forman parte de los derechos procesales de cualquier imputado. Sin embargo, reconoció que cada nueva solicitud representa tiempo adicional antes de que el asunto pueda avanzar hacia las siguientes etapas judiciales.
Advirtió que la falta de una defensa particular no será motivo para prolongar indefinidamente el procedimiento, ya que el Poder Judicial puede designar abogados de oficio cuando sea necesario para garantizar la continuidad de las audiencias.
Las declaraciones del fiscal se suman a las realizadas por el titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado, Jesús Eduardo Govea Orozco, quien sostuvo que la investigación contra Yahleel Abdala fue integrada con bases sólidas y elementos jurídicos suficientes para sostener el proceso hasta sus últimas consecuencias.
De esta manera, mientras la defensa de la panista continúa promoviendo recursos y solicitudes que han pospuesto el desarrollo del caso, la Fiscalía Anticorrupción sostiene que la ruta judicial está definida y que las acusaciones deberán resolverse en los tribunales conforme avancen las etapas procesales correspondientes.
