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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que fuerzas estadounidenses habrían capturado al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a su esposa, tras ordenar un ataque militar contra territorio venezolano, acción que el Gobierno de Caracas calificó como una “grave agresión militar” y una violación al derecho internacional.
A través de un mensaje publicado en su red social Truth Social, Trump afirmó que la operación se realizó “con éxito” y en coordinación con agencias de seguridad estadounidenses. Señaló además que Maduro y su esposa habrían sido trasladados fuera del país, y adelantó que ofrecería mayores detalles en una conferencia de prensa desde Mar-a-Lago.
Caracas denuncia violación a la Carta de la ONU
El Gobierno de Venezuela confirmó que durante la madrugada se registraron ataques aéreos en Caracas y en los estados Miranda, Aragua y La Guaira, los cuales fueron calificados como una violación flagrante de los artículos 1 y 2 de la Carta de las Naciones Unidas, que establecen el respeto a la soberanía y la prohibición del uso de la fuerza.
En un comunicado oficial, las autoridades venezolanas advirtieron que estas acciones ponen en riesgo la estabilidad de América Latina y el Caribe, así como la vida de millones de personas.
Estado de Conmoción Exterior
Ante la escalada del conflicto, el presidente Nicolás Maduro ordenó la implementación del estado de Conmoción Exterior en todo el territorio nacional, con el objetivo —según el Gobierno— de proteger a la población, garantizar el funcionamiento de las instituciones y responder a la agresión.
Asimismo, Caracas informó que acudirá al Consejo de Seguridad de la ONU, al Secretario General, a la CELAC y al Movimiento de Países No Alineados, para exigir la condena internacional contra el Gobierno estadounidense.
Acusaciones y bloqueo petrolero
La ofensiva se da en un contexto de tensiones previas, luego de que Trump ordenara un bloqueo total a petroleros vinculados a Venezuela, acusando sin pruebas al Gobierno venezolano de “robar” petróleo, tierras y otros activos. Caracas ha rechazado dichas acusaciones y las ha calificado como infundadas, señalando que el objetivo real es el control de sus recursos energéticos.
El Gobierno venezolano reiteró que se reserva el derecho a la legítima defensa, al tiempo que llamó a la comunidad internacional a pronunciarse en contra de lo que considera una agresión extranjera.
