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Washington, D.C. – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden secreta que autoriza al Pentágono a emplear fuerza militar directa contra cárteles de la droga previamente designados como organizaciones terroristas extranjeras, entre ellos grupos con presencia en México, Venezuela, Haití y El Salvador, de acuerdo con reportes de The New York Times, Wall Street Journal y otras agencias internacionales.
La medida abre la puerta a operaciones militares en territorio y aguas extranjeras, incluyendo incursiones selectivas, uso de fuerzas especiales, apoyo de inteligencia y vigilancia aérea. Aunque no se han detallado si las acciones serían unilaterales o en coordinación con gobiernos aliados, algunos reportes aseguran que el Pentágono ya evalúa blancos estratégicos.
Trump, quien en su primer mandato propuso bombardear objetivos en México —idea descartada por sus asesores militares—, ahora cuenta con un marco legal que le permitiría ordenar acciones militares sin aprobación del Congreso, al considerar a los cárteles como una amenaza directa a la seguridad nacional.
México, en la mira
El Wall Street Journal reveló que en abril pasado Trump presionó a la presidenta Claudia Sheinbaum para permitir una mayor participación militar estadounidense en la lucha contra los cárteles, advirtiendo que podría actuar de manera unilateral si México no intensifica sus acciones.
Funcionarios estadounidenses confirmaron que ya se han incrementado los vuelos de vigilancia sobre territorio mexicano, y que la orden también faculta a la Marina de EE.UU. para operaciones marítimas de interdicción de drogas. Sin embargo, por ahora no hay indicios de una incursión inminente.
Expertos alertan sobre riesgos
Especialistas como el analista Dan DePetris y el coronel retirado Craig Deare advierten que una acción militar unilateral en México podría romper la actual cooperación bilateral, que consideran mejor que en administraciones pasadas. Recordaron que EE.UU. ha usado justificaciones similares en el pasado, como en la invasión a Panamá en 1989 para capturar a Manuel Antonio Noriega.
En paralelo, la retórica contra el régimen de Nicolás Maduro se intensifica en Washington, y algunos funcionarios sugieren que también podría ser blanco de acciones militares bajo este nuevo marco legal.
