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La Secretaría de la Función Pública también señaló que dicha sanción contra Luis Videgaray “es independiente de otros procedimientos de investigación o sanción que pudieran estar en curso por esta u otras autoridades”.
La Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó 10 años a Luis Videgaray Caso, quien durante el sexenio de Enrique Peña Nieto fue canciller, secretario de Hacienda y Crédito Público y operador financiero del presidente, después de acreditar que el ahora profesor en el Massachussets Institute of Technology (MIT) incurrió en “falta de veracidad en sus declaraciones patrimoniales de tres años consecutivos”.
En un boletín, la SFP indicó que la sanción, que tiene un peso sobre todo simbólico –pues no implica ninguna multa–, fue notificada a Videgaray el pasado 9 de mayo, pero no se dio a conocer hasta hoy debido a la veda electoral; la institución también señaló que dicha sanción “es independiente de otros procedimientos de investigación o sanción que pudieran estar en curso por esta u otras autoridades”.
La dependencia dirigida por Irma Eréndira Sandoval Ballesteros también señaló que lanzó su investigación patrimonial sobre Videgaray desde junio de 2019, “luego de conocer su posible participación en la compra irregular de la planta de fertilizantes ‘AgroNitrogenados’, la cual ocasionó un millonario daño patrimonial al Estado”.
Videgaray estuvo en el centro de prácticamente todos los escándalos de corrupción que caracterizaron las administraciones de Peña Nieto en el Estado de México y en el gobierno federal, desde los beneficios recibidos indebidamente del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú hasta los esquemas de desvíos de recursos públicos conocidos como Estafa Maestra.
En la denuncia que interpuso ante la Fiscalía General de la República (FGR) en agosto de 2020, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, acusó a Videgaray y Peña Nieto de encabezar un “esquema de corrupción en el gobierno federal en el cual el común denominador era el siguiente: todas las personas que de cierto modo apoyaron en la campaña presidencial, tenían que ser remuneradas o compensadas. La forma en cómo eran recompensados era dándoles contratos de proveeduría de insumos, contratos diversos, adquisición de empresas o inmuebles, para que estas personas se beneficiaran”.
Uno de estos esquemas, según Lozoya, fue la adquisición multimillonaria de la planta chatarra de AgroNitrogenados a Alonso Ancira Elizondo.
