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Existe una orden de captura contra Luis Videgaray y el juez la rechazó por «estar mal integrada», confirmó AMLO. Recordó que la FGR resuelve este asunto.
El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó este martes que efectivamente existe una orden de captura contra Luis Videgaray Caso.
Tal como se rumoraba en medios esta mañana, el canciller y secretario de Hacienda en el sexenio de Enrique Peña Nieto tiene una orden de captura en su contra por el caso Odebrecht.
En conferencia matutina el presidente abundó que la Fiscalía General de la República solicitó una orden de aprehensión contra Videgaray. Sin embargo, el juez rechazó la solicitud por «estar mal integrada».
Luego de que reporteros preguntaran detalles sobre el caso, López Obrador reiteró que este asunto lo resuelve la FGR y el juez.
Al respecto del expresidente Peña Nieto, AMLO aclaró que su gobierno no tiene «intención de perjudicar» ni de perseguir a nadie. Expresó que la consulta ciudadana le parece una mejor opción para buscar justicia específicamente en el caso de los expresidentes, insistió.
FGR habría acusado a Videgaray por delito electoral, cohecho, asociación delictuosa y traición a la patria
Versiones periodísticas refirieron esta mañana un documento de 100 páginas que acusaría a Videgaray por delito electoral, cohecho, asociación delictuosa y traición a la patria.
El rumor cobró notoriedad la mañana de este martes luego de que el comunicador Carlos Loret de Mola difundiera esta versión en el sitio Latinus.
Según Loret de Mola, la FGR presentó el documento basado en la denuncia de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, al Poder Judicial, pero éste lo rechazó.
Tras el rechazo del documento, la Unidad Especializada en Delitos Federales de la FGR se encargaría de reformularlo.
Las acusaciones señalan a Videgaray de ser el principal responsable del financiamiento a las campañas del PRI con sobornos de la firma Brasileña Odebrecht.
Destaca además la acusación por traición a la patria; hay dos versiones periodísticas al respecto: Reforma indica que se debe al financiamiento a las campañas del PRI, mientras que Latinus indica que se debe a los presuntos sobornos a legisladores para que aprobaran la reforma energética.
