Morena rechaza más deuda para Veracruz

Rechazamos porque sólo se pretende endeudar más a Veracruz, acusan Diputados de MORENA

El Diputado Amado Cruz Malpica, Coordinador del grupo legislativo de Morena, se pronunció en contra de la reestructuración de la deuda Veracruzana, tal como lo proponía el gobernador del estado.

En la sesión de este martes el Congreso Local, no aprobó el dictamen relativo a la reestructuración de la deuda del estado y la votación fue de 25 votos a favor (PAN), 25 en contra (MORENA, PRI y Juntos por Veracruz) y 0 Abstención.

Durante su participación en la Tribuna, Amado Cruz Malpica dijo que se encontró con una nueva versión de dictamen para refinanciar y/o reestructurar la deuda de Veracruz.
Para ser exactos, la tercera versión desde el 23 de enero del presente año, que el gobernador introdujo este tema en la agenda del Poder Legislativo.
Señaló que versiones van y versiones vienen, pero desafortunadamente en ninguna de ellas se encuentra un sustento debidamente fundado y motivado para que el pueblo de Veracruz a través de sus legisladores le autorice al Gobernador comprometer aún más las ya de por si débiles finanzas públicas.

Es de resaltar que las diferentes versiones solo muestran una danza de cifras y de plazos, que evidencian el endeble sustento de lo solicitado, ahora ya no se trata de 42 mil millones, sino de 46 mil millones, resultando además que del 28 de febrero al 10 de marzo, es decir, en 8 días hábiles, ya bajaron el plazo de 50 años a 30 más 7.5 años para su liquidación, sin que haya explicación alguna de lo que ello significa en costo, tasa actual, mensualidad actual a pagar, tasa previsible y mensualidad nueva a pagar si se reestructura, y cuál es la corrida financiera de los 50 años y de los 37.5 años que permitan definir la conveniencia de la reestructura, así como  el incremento en monto y la disminución en plazo de lo originalmente solicitado.

La refinanciación y reestructura son mecanismos válidos en términos económicos y legales, el asunto es cuánto, cómo, cuándo y bajo qué condiciones se lleva a cabo, en pocas palabras, el tema es dilucidar si éste se justifica o no, y por tanto, si es conveniente o no para el saneamiento de las finanzas públicas por un lado, y por otro, si la solicitud que hace el ejecutivo al legislativo está apegada o no a derecho.

Agregó que MORENA considera que la solicitud del gobernador Yunes, para llevar a cabo la celebración de una o varias operaciones, refinanciar y/o reestructurar, las veces que sea necesario, la deuda directa vigente del Estado de Veracruz, carece de justificación sustentada en cifras claras y definitivas y es violatoria de diversos ordenamientos legales.

En cuanto al primer aspecto, es decir, la carencia de justificación sustentada en cifras claras y definitivas, es la propia Ley de Ingresos para este ejercicio fiscal y el Decreto de Presupuesto de Egresos de 2017 aprobados por esta soberanía de manera mayoritaria, el sustento de nuestra aseveración.
Ambos ordenamientos incluyeron artículos transitorios a través de los cuales  se estableció un plazo de 90 días para poder tener el ajuste a ingresos y egresos necesario con cifras más reales, ya que según se aludió, era tal el desorden de las finanzas públicas del estado que no tenían certeza en las cifras.

Resaltó se mismo artículo se introdujo y aprobó en el Decreto de Presupuesto de Egresos, es decir, se reconoció que la previsión de ingresos no era real y que tampoco lo era la distribución de los recursos, por tanto, establecieron un estado de excepción financiera y aprobaron –con el voto en contra de MORENA- un plazo de 90 días que está corriendo aún en este momento, lo que explica que el proyecto de decreto que se presenta carezca de sustento numérico convincente respecto del supuesto colapso financiero que nos espera, a la vez que genera muchas interrogantes del motivo por el cual se pretende la aprobación acelerada de una reestructura o refinanciación, antes de que se cumpla el plazo que el propio gobernador solicitó, para que los veracruzanos conozcamos con  certeza las cifras reales de ingresos y egresos.

Resaltó que si todos sabemos que la refinanciación o reestructura de un crédito tiene por objeto resolver un problemas de falta de equilibrio entre ingresos y egresos, ¿Cómo va a aprobar esta soberanía la solicitud que se presenta si no se ha hecho explícito en el dictamen a cuanto equivale el déficit, su desglose, cuantos ingresos se han obtenido durante enero y febrero, como ha sido el ajuste de los gastos de esos meses y por qué no es posible cubrir los 478.3 millones de pesos calendarizados en el presupuesto de egresos 2017 que incluyen, 86.5 millones para amortización de la deuda, 333.3 para interese y 38.3 para gastos de la deuda.

“Como bien lo deben de saber los diputados y particularmente los integrantes de la Comisión de Hacienda, el presupuesto de egresos, contempla la calendarización y monto mensual que acabo de señalar por lo que hasta hoy les guste o no, eso es lo legalmente aprobado”.

Dijo que, si esta cifra es incorrecta, a pesar de ser pública en la página de transparencia de la SEFIPLAN, debería de haber sido aclarada en el dictamen, sin embargo, en ninguna parte del mismo, se alude a que los ingresos obtenidos en estos meses no alcanzaron para pagar esos compromisos previamente calendarizados o los de los meses futuros, contrario a ello, los numerales relativos a las consideraciones contemplan solo generalidades poco objetivas al no estar soportadas en cifras y corridas financieras.

“Yo no creo que ningún diputado responsable, reestructure su deuda personal sin saber al menos cuanto paga actualmente mensualmente, la tasa que le aplican y cuanto pagaría si reestructurara a mas plazo, cuál sería la tasa y condiciones nuevas y al final de su compromiso, cuanto le estaría costando su crédito en cada escenario posible”.

Agregó que tratándose de una persona responsable, en caso de valorar qué fuera muy caro y que comprometería el futuro y bienestar de su familia,  seguro estoy, que exploraría otras opciones ya sea para obtener más ingresos o para adecuar sus gastos.

Indicó que esa responsabilidad que generalmente tenemos las personas para con nuestra vida privada, la debemos tener también para cuando nos corresponden asuntos relativos a los recursos públicos. Es más, la responsabilidad debería de ser mayor, al tratarse de los dineros de todos los veracruzanos.

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